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Una ola de corrupción envuelve el caso de la inhumación clandestina que realizó la Fiscalía General de Justicia de Morelos en torno al joven Oliver Wenceslao Navarrete Hernández de 31 años, quien fue secuestrado el 24 de mayo de 2013, pero su cuerpo fue encontrado días después el 3 de junio de 2013 en la barranca Los Papayos de Cuautla.
Posteriormente se aplicaron las pruebas de genética para la identificación plena pero para judicializar la carpeta de investigación se pidió a la familia que dejara el cuerpo del joven en el SEMEFO de la Fiscalía quien en marzo de 2014 sin avisar a la familia lo enterró de forma clandestina en el panteón de la comunidad indígena de Tetelcingo y fue hasta diciembre de 2014 que la familia logra recuperar el cuerpo después de una lucha legal pero al momento de exhumarlo se dan cuenta que en dos fosas existen otros 149 cuerpos que estaban enterrados de forma irregular solo con una botella de plástico con un número de averiguación previa dentro pero no en todos los casos.
Fue por eso que después de varios meses la familia decide romper el silencio porque aunque presentó denuncia por todas las ilegalidades que cometió la fiscalía simplemente no pasó nada.
Los funcionarios involucrados en estos lamentables hechos son el ex fiscal de morelos Rodrígo Dorantes Salgado quien siempre supo sobre el caso al igual que la titular de la Unidad Especial de Combate al Secuestro (UECS), Adriana Pineda, quien tuvo en sus manos la carpeta de investigación junto con Cristian Visuet.
Otros involucrados en este caso de omisión y corrupción son el ex fiscal de la zona oriente Juan Manuel Salmerón, Ana Lilia Guerrero Moreira, quien era titular de los Servicios Periciales, la subprocuradora, Liliana Guevara.
Lo más grave del caso es que el propio gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, sabía del entierro clandestino de 149 cuerpos y no hizo nada, al igual que el ex secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, hoy secretario de movilidad y transporte, y el actual encargado de la política interna de gobierno, Matias Quiroz, quien simplemente remitieron los oficios a la fiscalía.
Por eso hoy, la familia pide justicia tras denunciar que también la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) no hizo nada para tratar de rescatar estos cuerpos y que se entreguen a sus familiares.
Hasta el momento el día que fue recuperado el cuerpo de Oliver solo otra maestra que también fue secuestrada y asesinada fue desenterrada.
