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Oliver Wenceslao Navarrete Hernández fue secuestrado y asesinado en mayo de 2013 y desde entonces su familia ha buscado justicia pero lo que ha encontrado es la corrupción e ilegalidades que privan al interior de la Fiscalìa General de Justicia entre ellas descubrieron que 150 personas fueron enterradas de forma clandestina por las autoridades de la dependencia en un predio habilitado como fosa común en la comunidad indígena de Tetelcingo sin tener los permisos sanitarios correspondientes.
Oliver fue enviado a la fosa común en aquel año 2013 de forma clandestina porque no existe expediente sobre los acuerdos del ministerio público, el registro civil y la autoridad sanitaria. Cuando su familia comenzó a buscar a Oliver la fiscalía sabía que lo había mandado a la fosa común el 4 de diciembre de 2013 a pesar de que el joven era buscado desde meses anteriores y estaba reconocido desde el mes de junio anterior.
Posteriormente fue avisada que Oliver fue desenterrado de la misma forma en que fue inhumado de forma clandestina por las autoridades la misma suerte corrieron otros 150 cuerpos que fueron enviados al sitio porque a la autoridad simplemente «le estorbaban» sin tener certificado de defunción o un número de averiguación que se inició cuando se hizo el levantamiento de los cuerpos y están en calidad de desconocidos salvo el caso del joven Oliver por lo que el resto de los cuerpos 149 están sin identificar y sin la posibilidad de que sus familias lo recuperen.
Por todo ello se presentó una denuncia desde el mes de febrero contra funcionarios de la Fiscalía en la región oriente y sector central además de que la familia a seguido el caso los jueces han obligado a los ministerios públicos a realizar diligencias para dar con los responsables del secuestro y asesinato de Oliver.
«Hay omisiones dentro de la fiscalía, falsificaciones y se tiene que esclarecer la verdad de la inhumación de mi hijo porque las autoridades lo inhumaron de manera clandestina porque nunca me avisaron nada pero lo grave es que hay familias que están en una situación peor que la mía o igual porque nos dimos cuenta que ahí hay 149 cuerpos más en una fosa donde inhumaron a mi hijo y queremos que paguen los culpables de todo esto que pasó», dijo María Concepción Hernández Hernández madre de Oliver.
«El juez ha ordenado al ministerio público que se investigue sobre lo que ocurrió con Oliver y le da de plazo en diciembre para tener resultados porque no habían hecho nada y los descubrimientos legales de lo que realmente pasa en la Fiscalía fue por una investigación de la familia de Olvier, porque el panteón donde están llevando a los muertos es clandestino por eso se presentó denuncia por delitos relacionados con el respeto a los muertos y otros», refirió David Marroquín Ojeda abogado de la familia Navarrete Hernández
