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La Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos en Morelos y sus posibles reformas ya han generado la contradicción de opiniones entre la presidenta del Sistema DIF Morelos Elena Cepeda y el gobernador del estado Graco Ramírez.
Cabe recordar que ayer la presidenta del DIF arremetió en contra de los comisionados estatales de atención a víctimas, luego de que una de ellas, Penélope Picazo Hernández, solicitó al Congreso del Estado reformar la ley y armonizarla con la federal, pues dijo que el diseño institucional actual dificulta la operación de la comisión.
Públicamente, Elena Cepeda señaló que con esas reformas pretenden burocratizar a la comisión y los comisionados quieren ser consideradas funcionarias para devengar salarios de entre 60 y 70 mil pesos.
Hoy, el diputado presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Francisco Santillán Arredondo, recordó que la iniciativa que ayer pidió aprobar la comisionada Penélope Picazo fue presentada por el propio gobernador Graco Ramírez al Congreso en el mes de noviembre pasado.
“Debo decirles que la iniciativa del señor gobernador es contrario a lo que doña Elena quiere, porque la iniciativa del señor gobernador prevé que los comisionados se conviertan en funcionarios públicos”, dijo.
Ante ello, Santillán Arredondo informó que el Poder Legislativo ya prepara una iniciativa de reforma alterna a la presentada por el mandatario estatal, que incluya los reclamos de las víctimas y que le de vialidad a la comisión para que bajen recursos de la federación.
Detalló que estará listo el dictamen a finales de abril para su votación en el pleno, no obstante adelantó que analizan si los comisionados mantendrán cargos honoríficos con responsabilidades financieras y de operación o que puedan convertirse en servidores públicos pero con un salario simbólico y mucho menor al que reciben actualmente.
