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El diputado Julio Espín Navarrete presentó iniciativa de reformas al Código Penal para el Estado de Morelos en materia de feminicidios, con el propósito de terminar con la impunidad para los responsables de estos crímenes y sancionar también al servidor público que entorpezca la procuración de justicia.
La iniciativa que abroga el artículo 129 y adiciona un párrafo al artículo 213 Quintus del Código Penal, busca terminar tajantemente con la impunidad que existe en los casos de violencia contra la mujer, señaló el legislador.
Al presentar el documento, que fue enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su análisis y dictamen, explicó que en ocasiones los abogados defensores se basan en lo establecido en el artículo 129 y solicitan la reclasificación del delito de feminicidio por homicidio, obteniendo penas menos severas.
Consideró que esta situación agrava los efectos de la violencia de los hombres sobre las mujeres, ya que cuando el Estado no responsabiliza a los autores de crímenes, se manda el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es aceptable, alentando nuevos abusos.
Julio Espín señaló que es necesario, en primer término, abrogar el artículo 129, porque contraviene lo que marca puntualmente la penalización de feminicidio, por lo que es necesario armonizar el delito y dejarlo claro para que no se siga beneficiando a los feminicidas, contribuyendo activamente a cohibir este tipo de conducta.
El legislador del Partido Nueva Alianza agregó que en esta iniciativa también se pretende sancionar, mediante la adición de un tercer párrafo al final del artículo 213 Quintus, al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia, la procuración de justicia a las mujeres violentadas, no adopte los protocolos correspondientes y deje lagunas en los expedientes beneficiando a los feminicidas.
Esta sanción contempla para el responsable una pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además de ser destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo o cargo público, ya que consideró que es responsabilidad de los impartidores de justicia enderezar las causas penales.
Finalmente, Espín Navarrete lamentó que a nueve meses de la emisión de la alerta de violencia de género, se cuentan documentados 11 crímenes violentos de mujeres, lo que refleja la falta de trabajo de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo, en los municipios que comprende la declaratoria de esta alerta.
