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Una vez que el Senado de la República aprobó modificaciones Constitucionales en materia de seguridad al aprobar la conformación de un “Mando Mixto” y no “Mando Único” los presidentes municipales estarían en la posibilidad de conformar sus estrategias más adecuadas de seguridad sin una imposición del estado o la federación como ocurrió en Morelos.
Como se recodará en Morelos los 33 municipios entraron a la figura del mando único pero los que se negaron fueron obligados como fue el caso de Cuernavaca, Tlaquiltenango donde por un decreto el estado argumento que por la inseguridad que se vivía tras el asesinato de la presidenta municipal de Temixco Gisela Mota el estado asumía el control de la seguridad.
El estado pretendía que el mando único finalmente se aprobara en la constitución para asumir ya legalmente el control de la policía pero el fin de semana el senado aprobó un modelo distinto conocido como “Mando mixto policiaco”.
El mando mixto en materia de seguridad publica recoge la reforma a seis artículos de la Carta Magna e incluyó diez iniciativas presentadas a partir del 2008, entre ellas la presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, a la que se hicieron modificaciones de fondo, toda vez que se eliminó la pretensión de eliminar a las policías municipales y de que el gobierno federal pudiera disolver aquellos ayuntamientos infiltrados por el crimen organizado.
Se colocaron candados entre ellos que en caso de que se decida la intervención de una corporación policíaca estatal que haya incumplido las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se requerirá la aprobación del Senado.
Se elimina además la facultad que “por oficio” se daba al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de delegar de manera temporal la función policíaca en cualquier orden de gobierno.
La reforma fortalece el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el cual llevará a cabo evaluaciones y auditorías a los cuerpos policiales a través del Secretariado Ejecutivo, que designará a un responsable de determinar la intervención de una institución policiaca de acuerdo con los criterios que se establecerán en la Ley General.
“La Ley General en la materia preverá los casos de excepción en los cuales las instituciones policiales de las entidades federativas actuarán bajo el mando de las federales y los casos en que las municipales lo harán bajo el mando de las estatales o federales, a fin de asegurar la eficacia de la función policial y los fines de la seguridad pública”, señala la minuta.
Se establece que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública sin haber aprobado una evaluación, sin cumplir con los requisitos que determine la ley y haya sido registrado en una base de datos del personal dedicado a las tareas de seguridad.
“Tratándose de la intervención de una policía estatal, se requería de la aprobación del Senado —por dos terceras partes de los legisladores presentes—, conforme al procedimiento que se establezca en la ley de la materia”, señala el documento.
Además la Ley General en la materia preverá el establecimiento de modalidades de coordinación, colaboración y cooperación para el ejercicio de la función policial en zonas metropolitanas y áreas conurbadas entre la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales.
Se establece que las policías de los municipios se enfocarán a las tareas de seguridad pública por medio de una policía de proximidad, con la competencia para la aplicación de los bandos de policía y gobierno, de tránsito y vialidad, y la imposición de multas administrativas.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García (PRI), expresó que la reforma propone resolver a través de un modelo mixto, que preserva la función policial en los tres órdenes de gobierno.
Así, los ayuntamientos tendrán competencia para realizar tareas de prevención, reacción, investigación, de acuerdo con la certificación que se lleve a cabo de sus capacidades, misma que realizará el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Expuso que uno de los alcances de esta reforma es “avanzar al fortalecimiento de las instituciones policiales, mediante distintos elementos que requieren homologación, a través del establecimiento del Servicio Nacional Profesional Policial”.
El senador Fernando Yunes Márquez (PAN), presidente de la Comisión de justicia, explicó que de la iniciativa del Ejecutivo federal de un modelo de mando único donde se desaparecían las policías municipales y se creaban 32 por entidad, hoy hablamos de un modelo mixto que ayudará a que las cosas cambien en el territorio nacional.
“Se desvinculará a los municipios de la obligación de actuar ante el delito del narcomenudeo, de tal suerte que sea competencia exclusiva de la Federación y las entidades federativas”.
El senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión Estudios Legislativos Segunda, detalló que la reforma no plantea un mando único, ni mando mixto, sino un sistema nacional de seguridad pública que define las funciones y competencias de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública.
“Tampoco se plantea que el Ejecutivo pudiera solicitar al Senado la desaparición de poderes municipales cuando existieran indicios de estar involucrado con la delincuencia organizada”, explicó.
El expresar su voto en contra, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, criticó que la reforma es un atentado en contra del federalismo, del principio del municipio libre y de la soberanía, porque ese mando “súper único” obedece a una imposición de Estados Unidos, porque el gobierno de la Unión Americana exige cumplir convenios de seguridad como lo es el mando único.
(Con información de medios Nacionales La Jornada, El Universal)
