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A realizar una auditoría especial a la cuenta pública de Jonacatepec, Morelos, correspondiente al ejercicio 2012, exhortaron los diputados del Congreso de Morelos a José Vicente Loredo Méndez, auditor general de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
La auditoría se aplicará en los rubros de Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico de los Municipios (FAEDE), Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y los ingresos derivados de la venta de vehículos propiedad del municipio realizada en el ejercicio 2012.
Durante la pasada sesión ordinaria, el diputado José Manuel Tablas Pimentel, realizó la propuesta al señalar que integrantes del ayuntamiento del municipio de Jonacatepec, le realizaron la solicitud motivo de dicho exhorto.
Subrayó que lo anterior se derivó de los acuerdos tomados por los integrantes del Cabildo, que según Sesiones llevadas a cabo en año 2012 violaron probablemente la normatividad que rigen los Fondos antes citados, y que a la fecha han causado detrimento al patrimonio municipal, por las prácticas irregulares en el manejo de los recursos etiquetados.
Ante sus homólogos legisladores, destacó que conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, lo anterior se puede catalogar como probable desviación de recursos.
El punto de acuerdo planteado por Tablas Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, pide que derivado del resultado que arroje la revisión solicitada, se actúe de conformidad al artículo 78 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos.
Dicho artículo señala que antes de imponer la multa correspondiente, la ESAF concederá audiencia al presunto responsable a efecto de conocer su situación económica, la gravedad de la infracción cometida, el importe o monto del daño o perjuicio y su nivel jerárquico, integrando constancia escrita en el expediente en que se actúe.
El diputado agregó que como lo señala la ley “si derivado de la queja o denuncia, la autoridad competente determina que existió indebido manejo, aplicación o custodia de recursos públicos o su desvío, se procederá al fincamiento de responsabilidad y en su caso, a la imposición de sanciones”, además de que el una vez fincadas responsabilidades y sanciones el infractor no está exento de cumplir con las obligaciones o regularizar las situaciones que las motivaron.
