Piden retirar denuncia contra madre de Oliver Wenceslao, el rector y Sicilia

Las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos en Tetelcingo, representan la desidia de las autoridades a la hora de atender la situación de las personas desaparecidas. La demanda de las familias para su apertura e investigación representa un grito por la justicia en medio del silencio cómplice de las autoridades. A pesar de la falta de respeto al debido proceso, a los derechos de las víctimas y sus familias y a la práctica forense y pericial, la firme exigencia social ha impedido que la verdad sea enterrada y la dignidad de las víctimas pisoteada.

Estas fosas no hubieran sido abiertas a no ser por la búsqueda persistente de María Hernández[1], madre de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández cuyo cuerpo había sido plenamente identificado por sus familiares. Sin embargo, año y medio después, el cuerpo había desaparecido, informando las autoridades a la familia de que el mismo se encontraba en una fosa común. La exigencia de María y su familia, apoyada por activistas y organizaciones, fue respondida por el Estado de Morelos con una demanda por “ultraje a la autoridad, sabotaje y quebrantamiento de sellos”. Ante la presión social las autoridades anunciaron el retiro de esta demanda. Hasta el día de hoy, no se ha realizado investigación exhaustiva sobre las irregularidades en el manejo del cuerpo de Oliver.

Nos solidarizamos con las familias que se han movilizado en torno a las fosas de Tetelcingo en busca de la verdad y la justicia que las autoridades les niegan por su incapacidad o falta de voluntad para llevar a cabo investigaciones imparciales. Por ello, exigimos que se lleve a cabo una investigación pronta y expedita y se sancione a las personas que resulten responsables de las irregularidades que se han producido en torno a estas fosas. Así mismo, exigimos que se investiguen todas las desapariciones producidas en Morelos y en el resto de México, que se respeten los derechos de las familias y se les dé un trato digno.

Así mismo, llamamos a las autoridades a garantizar la seguridad de las personas que han dinamizado la búsqueda, a los colectivos de familiares, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y su Rector, al Programa de Atención a Víctimas y a las personas que participaron en las búsquedas ciudadanas. El Estado de Morelos debe abstenerse de realizar cualquier acto de intimidación u hostigamiento hacia estas personas.

Ante la terrible realidad que vive México en materia de desaparición, todas las instituciones del Estado Mexicano deben asumir al máximo nivel su compromiso y responsabilidad para encontrar a las personas desaparecidas. En ese sentido reconocemos el valioso papel que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos está teniendo para garantizar los derechos de las víctimas y sus familias. Este compromiso debe ser un llamado al resto de instituciones educativas y de investigación en el país, para asumir su responsabilidad social, poniendo sus capacidades al servicio de un México más justo.