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Este día, integrantes del Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) presentaron un informe preliminar sobre los resultados del peritaje realizado en la exhumación de los cuerpos en las fosas de Tetelcingo, a través del cual señalaron que el gobierno del estado incurrió en diversos delitos y omisiones.
Dentro del informe se dio a conocer que se localizaron 117 cadáveres y 9 bolsas con partes de restos humanos, el 93% de ellos no están identificados mientras que el 7% corresponden a los siguientes nombres: Alfonso N, Gerardo N, Crispín N, Mario N, Juan N, José N, Braulio N y Mario N, es decir, solo ocho personas estaban identificadas.
El 37% corresponden a individuos de sexo masculino, 7% al sexo femenino y 56% no fue determinado.
De los 117 cadáveres a 105 se les practicó la necropsia de ley, mientras que a 5 no, y 6 no se puedo determinar pues se encuentran esqueletizados.
Respecto al registro de los cadáveres, señalaron que a pesar de que 96% de ellos contaba con una etiqueta con los datos de su carpeta de investigación, el 50% de éstas no era legible, mientras que se perdió 23% de los rótulos de las etiquetas contenidas dentro de las botellas plásticas. Por lo que de los 117 cadáveres, 68 contaban con una botella, 19 tenían dos botellas y 30 no tenían ninguna. Esta información indica el descuido y desconocimiento técnico de materiales específicos para la rotulación y protección de la información.
Informaron que de los 117 cadáveres inhumados 64% fue depositado en posición horizontal, 8% en diagonal y 26% en vertical. Esta última posición es elevada y muestra la inadecuada práctica y descuido al inhumar a los cadáveres no identificados
Señalaron que treinta y cuatro de los cuerpos inhumados por la Procuraduría General en las dos fosas de Tetelcingo, estaba desvinculado o no relacionado a investigación penal alguna, es decir, se trataba de personas no identificadas de las cuales se presume que habrían sido víctimas de hechos violentos pero fueron inhumadas sin mayor indagatoria de por medio.
“Ante ello se concluye que el gobierno del estado incurrió en numerosas violaciones de derechos humanos de las victimas de acceso a la justicia, verdad y reparación integral, denegándolos mediante la omisión de investigar y en el ocultamiento de restos mortales de 117 personas a cuyos familiares no se les buscó”, dijo.
