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El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, denuncias de hechos ante probables conductas ilícitas cometidas por servidores públicos, derivadas de la filtración del video que registró el atentado contra el juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías y de información generada en el curso de la investigación de los hechos.
«La divulgación de esos elementos probatorios infringe la reserva de las investigaciones iniciadas por la privación de la vida del juez Bermúdez Zacarías y, en consecuencia, dar lugar a la comisión de conductas ilícitas por parte de servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad la custodia de las carpetas de investigación, las cuales por ley deben ser reservadas», dijo el CJF en un comunicado.
Señaló que derivado de ello solicitó que se inicien las investigaciones para esclarecer tanto el origen de las filtraciones, como la identidad de los probables responsables.
Información obtenida de El Financiero
