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En el periódico Reforma de este día, en su página 13, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, en calidad de colaborador invitado, da a conocer a través de un artículo precisiones sobre las auditorías forenses en 2014 y 2015 de las que ha sido objeto la institución por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
A continuación, reproducimos el artículo completo de referencia:
En nuestro sistema político la Auditoría Superior de la Federación (ASF), juega un papel relevante en la fiscalización del uso de los recursos públicos federales en los tres niveles de gobierno y en los diversos órganos públicos nacionales y locales, donde las universidades públicas estatales no son la excepción.
A la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) nos audita constantemente la ASF respecto del uso de los recursos públicos federales de los subsidios ordinarios y extraordinarios. Dichas auditorías son siempre atendidas oportunamente desde inicio a fin siempre en el marco de la legalidad.
La Universidad ha sido objeto de dos auditorías forenses en 2014 y 2015 por parte de la ASF respecto de contratos de servicios con distintas dependencias de la Administración Pública Federal. Auditorías, sobre las cuáles la Universidad ha puesto en duda la competencia y legalidad de la actuación del órgano fiscalizador federal, dado que parten de una presunción de culpabilidad por parte de la Universidad y dado que consideran que los pagos por servicios prestados por parte de la misma son transferencias de recursos públicos federales.
Desde nuestra perspectiva, la ASF se equivoca en su actuar al querer ignorar que dichos contratos están apegados a la legalidad y que los pagos recibidos por la Universidad son en su calidad de proveedor de un servicio prestado, el cual está avalado por las propias dependencias federales. Se equivoca también al ignorar el principio de presunción de inocencia el cual es un pilar de nuestro sistema de procuración y administración de justicia.
Es incomprensible que el Órgano Superior de Fiscalización evite reconocer que la Universidad fungió como prestador de servicios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y la considere improcedentemente ejecutora de gasto para sujetarla a su fiscalización, cuando esa misma autoridad sostiene que las contrataciones de que fue objeto, se realizaron al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que significa que trata de contratos del derecho privado a los que legalmente no tiene acceso.
Por lo tanto, se deduce que si los convenios auditados son contratos del derecho privado, los pagos que recibió la Universidad constituyen contraprestaciones por los servicios prestados, mismos que por su propia naturaleza pasan a formar parte de su patrimonio propio y no, como inexactamente sostiene la autoridad fiscalizadora, al darles un trato de recursos públicos federales, como si estuvieran etiquetados a la Universidad desde el Presupuesto de Egresos de la Federación o por subsidios federales o por Aportaciones Federales otorgados por las dependencias o entidades contratantes.
Es también inadmisible que sistemáticamente la ASF no le otorgue valor probatorio ni el alcance jurídico que tiene la evidencia documental que acredita en todos los casos, que los servicios prestados fueron recibidos a entera satisfacción por las instancias gubernamentales contratantes y que éstas no hayan interpuesto reproche alguno, en cuanto a la calidad, oportunidad y precio de los entregables recibidos.
Cabe mencionar que el Servicio de Administración Tributaria constató durante sendas visitas domiciliarias a la Universidad, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales relativas a dichos contratos y que esa autoridad fiscalizadora es la única competente para verificar el cumplimiento o no de las obligaciones fiscales de las empresas que la Universidad contrató, con absoluto apego a la legalidad, para ayudarla a prestar sus servicios a las dependencias federales. Si dichas empresas no cumplieron con dichas obligaciones o cometieron faltas o delitos que así lo determine la autoridad competente. No es función de la ASF y mucho menos de la Universidad el verificar tales cuestiones.
Los litigios en medios no son nunca oportunos pero los constantes ataques, filtraciones de información reservada por ley y medias verdades nos hacen aclarar ante la opinión pública nuestra opinión sobre el actuar de la ASF. Reitero la cita de José Saramago: “mentira son sólo las exageraciones, los adornos del lenguaje, las medias verdades que quieren pasar por verdades completas”.
