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Empresarios y abogados observan “mano negra” y “dados cargados” en la licitación de concesiones para la operación de Centros de Verificación Vehicular en el estado de Morelos.
Después de que se emitió la convocatoria para la operación de Centros de verificación vehicular en el estado de Morelos se dejó al descubierto que los 42 empresarios morelenses que les fueron cerrados estos lugares en el primero de julio de 2016 con la promesa de que podrían participar en una nueva convocatoria, prácticamente quedaron fuera porque llegaron personas físicas y morales de otras partes del país a quienes incluso se les ayudó para registrarse.
Lo que es más grave es que algunas empresas como “Verificación Durango S.A. de C.V.” ya incluso en sus documentos entregados menciona el “cuadrante” donde pretende operar dejándose al descubierto que hay acuerdos previos, pues incluso Zona Centro Noticias el pasado 2 de noviembre publicó un sitio ya pintado como “Verificentro” listo para operar en la colonia Satélite sin que se hubiera emitido ni la convocatoria.
Uno de los representantes legales de los verificentros que fueron cerrados en el mes de julio quien solicitó omitir su nombre por razones de seguridad explicó a Zona Centro Noticias que lo primero que detectaron fueron varias fallas porque varios empresarios foráneos que querían obtener el formato de autorización fueron ayudados según consta en documentos oficiales.
Uno de esos ejemplos fue “Control Ambiental del Valle de México” quien no aparecía en las listas de registro pero al momento de que se analizaron los documentos para quienes son susceptibles apareció como si afectivamente se hubiera registrado.
En otro caso como Impulsora “Ecológica Santa Fe” en uno de los registros le negaron la posibilidad de ser susceptible de la concesión pero al registrarse dos veces en una segunda le dieron luz verde con la posibilidad se ser factible de concesión.
“A la hora del registro de las personas que estaban interesadas en obtener el formato de autorización hubo personas que pusieron al final y no pusieron desde el principio del registro, hubo ahí se presume algún margen de maniobrabilidad para poder beneficiar a alguien y además se está dando prioridad de inversión a gente que no es de Morelos” sentenció el representante legal.
El representante legal explicó que la lista se tendría que depurar más porque a algunos aspirantes se les negó seguir adelante en la licitación por colocar los cuadrantes donde quieren operar pero a otros se les ayudó como en el caso de Verificación Durango S.A. de C.V.
Según los documentos mostrados por el representante lega fueron 57 aspirantes quienes se inscribieron para participar. De ellas, 17 fueron personas físicas y 4 morales. Pero en un primer análisis solo 25 fueron susceptibles de obtener un verificentro, de ellas solo hay seis personas físicas y 19 morales.
Ante estas irregularidades, el secretario de Administración Alberto Barona Lavín confirmó que la dependencia a su cargo es quien dirige y supervisa el procedimiento administrativo en la convocatoria para autorizar la instalación y operación de Centros de Verificación en el estado, sin embargo, las cifras proporcionadas por el secretario no “cuadran” con documentos oficiales.
Y es que en documentos quedó asentado que son 57 las personas morales o físicas que fueron inscritas para poder buscar la concesión de un centro de verificación, no obstante el funcionario estatal informó que son 58 las empresas o personas que realizaron esta solicitud de registro.
En entrevista, señaló que debido a la experiencia que tiene la Secretaría de Administración en asuntos de carácter legal, son quienes conducen esta convocatoria a través de la Unidad de Procesos Para la Adjudicación de Contratos (UPAC), pese a tratarse de un tema de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Sin embargo, señaló que fueron 58 personas o empresas quienes presentaron su solicitud de participación y se registraron.
Asimismo también confirmó que empresas de otras entidades del país y no particularmente morelenses, formaron parte de este registró pues argumentó que la convocatoria es abierta y cualquier persona física o moral de cualquier estado de la república puede participar.
