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El magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral Francisco Hurtado Delgado calificó como “excesiva” y “fuera de lugar” la reforma político-electoral aprobada por los diputados locales.
En entrevista sentenció que en el caso de la redistritación, implica toda una metodología que tendría que hacer el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tiempos electorales “ya están encima”, sobre todo porque los diputados establecen que tendrían 30 días para las leyes secundarias.
Señaló que uno de los aciertos es la paridad de género, pero por el contrario, existen imprecisiones como el tema de la reelección, pues los diputados de los distritos que van a desparecer se tendrían que adherir a los que quedan para poder buscar ser reelectos.
“Socialmente hablando lo tiene que sancionar la sociedad, políticamente hablando se salen de la cuestión democrática porque fue una decisión unilateral de acuerdo a una rueda de prensa de un personaje de un partido y la materializaron en el congreso del estado (refiriéndose a Rodrigo Gayosso, líder del PRD) políticamente hablando nuestro sistema político se viola porque no hubo consenso” dijo.
Denunció que desde el año pasado hubo mesas técnicas para discutir la reforma electoral en donde incluso hubo acuerdos y debates pero finalmente todo fue “una simulación”.
“De que sirvió que estuvimos trabajando varias propuestas que de un momento a otro una persona de manera unilateral viene a romper todos los esquemas de consenso, eso me parece una falta de respeto, lo cual acentúo porque nos tomaron el pelo a todos porque la sociedad no fue escuchada por los partidos políticos” dijo.
Recordó que dentro de las mesas de trabajo donde ya había acuerdos en el artículo 23 por ejemplo donde se acordó a que el Tribunal Electoral se nombraba una unidad autónoma, técnica y presupuestaria la cual no fue considerada.
Explicó que en el caso de la residencia para aspirar a cargos públicos la Constitución federal prevé 5 años de residencia pero para Morelos buscaron aumentarla a 12, por lo que podría ser impugnada la reforma y tendría que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
