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La exhibición pública de los cuerpos mutilados de las mujeres en Morelos es una muestra de barbarie feminicida y una revictimización. Por todo ello, la Comisión Independiente de Derechos Humanos, denunciamos que el hallazgo de un torso de mujer, el martes en el río Apatlaco, municipio de Jojutla, y hechos similares ocurridos en otros municipios de Morelos, es consecuencia de que el gobierno estatal se niega a aplicar medidas extraordinarias para prevenir los feminicidios, pese que en esta entidad hay alerta por violencia de género en ocho municipios.
Los asesinos están actuando con mucha saña contra las mujeres. No sólo las privan de la vida; eliminan todo rastro de identidad y de dignidad de las personas. Es inaceptable que continúe impune ésta violencia que está creciendo en los municipios de Morelos, incluyendo algunos que se encuentran dentro de los 8 que forman parte de la Alerta de Violencia de Género.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos hemos solicitado que se apliquen todas las medidas establecidas en el Decreto de AVG vigente en Morelos desde agosto de 2015 y que se realicen sin dilación, omisión o negligencia las acciones que permitan preservar la vida y la libertad, la seguridad y la dignidad de las mujeres, a la fecha seguimos sin respuesta de las autoridades para llevar a cabo las mesas de trabajo con cada uno de los 8 municipios. Lejos de ello, no se han realizado las 8 mesas de trabajo con los 8 municipios con AVG y el propio Gobernador del Estado se ha negado a recibir directamente el Informe Sombra que elaboramos como organización peticionaria.
La violencia es un hecho social en buena parte resultado de un comportamiento aprendido en contextos permeados por desigualdades sociales y basado ya sea en la clase social, el género, la edad, la raza, las capacidades distintas, e incluso las diferencias religiosas. En nuestras sociedades la cultura de la violencia está extendida. Son frecuentes las situaciones cotidianas donde se ejerce la violencia y se multiplican los actos de personas que no reconocen los derechos y la dignidad de los otros. Se ha vuelto común presenciar o conocer de hechos de extorsión, amenazas, chantaje, golpes, lesiones y aún la muerte de personas conocidas o cercanas.
Estas múltiples manifestaciones de violencia están alimentadas por prácticas y mensajes que hacen apología del uso de la fuerza física como vía para resolver los conflictos o imponer la propia voluntad a otros. Proliferan imágenes del uso de la fuerza e incluso de brutalidad, donde se impone la supremacía del fuerte sobre el débil; aun hay literatura, series de televisión, cine y canciones populares que promueven la violencia o nos acostumbran a presenciar la crueldad sin prurito. Muchas de esas formas de violencia están atravesadas por el género. Son prácticas que se actúan para demostrar hombría y poder de dominio hacia las mujeres o hacia otros hombres, para imponer la voluntad y deseos del hombre-macho, a las mujeres del entorno o a hombres considerados débiles. Otras prácticas violentas se ejercen entre padres, madres, hijos e hijas, y suelen transmitirse de generación en generación. Pero todas están basadas en la desigualdad de poder.
La violencia hacia las mujeres es también al mismo tiempo una variante de la violencia estructural que divide a los grupos humanos en favorecidos y desfavorecidos, porque está basada en una estructura social que segrega o diferencia las actividades que realizan los hombres y las mujeres, otorgándoles valoraciones desiguales en la jerarquía de puestos, poder, recursos y decisiones. El resultado de esta desigualdad de género es la discriminación sistemática de las mujeres. Por ello, los altísimos niveles de impunidad que prevalecen actualmente pueden ser un factor para explicar la diseminación de los homicidios de mujeres. Sin duda la violencia estructural invisible pero concretada día a día para millones de personas por la pobreza y la privación, tanto como la experiencia cotidiana de violencia delictiva que viven otros miles, impactan en las valoraciones sociales de lo “normal”, lo permitido en materia del uso de la fuerza y el abuso en contra de las personas. Acostumbrarse a la violencia, a las muertes, a las llamadas “ejecuciones”, tiene consecuencia psicosociales que todavía no conocemos.
Ante esta barbarie feminicida se requiere aplicar todas las medidas urgentes y necesarias para que tanto en los 8 municipios con Alerta de Violencia de Género se proteja la vida y la libertad de las mujeres como en el resto de los 33 municipios de la entidad, sin dilación alguna, porque cada omisión es muestra de complicidad con el feminicidio impune.
