La muerte ha llegado al paraíso. En Baja California Sur, uno de los destinos turísticos y ecológicos más importantes de México, mundialmente famoso por albergar, entre otras bellezas, el Mar de Cortés que popularizó el oceanógrafo francés Jacques Costeau, solo en este mes de julio ha habido 32 asesinatos. Uno por día.
La fuerza de la violencia del narco ha irrumpido bajo un sol de justicia en lo que es el segundo hogar de muchas de las estrellas más rutilantes de Hollywood como Charlize Theron, Sean Penn, George Clooney o Jennifer Aniston, un mundo de lujo, de playas vírgenes, campos de golf y tesoros naturales que parecía fuera de la orgía de sangre que vive México (unos 12.000 muertos en lo que va de año). En siete meses, la punta de la península californiana ya ocupa un deshonroso cuarto lugar en la lista de Estados con más homicidios: 279, un 369% más que en 2016 y el primer puesto en extorsión (133 casos, una tasa del 16,42 por cada 100.000 habitantes).
«Todo ha cambiado. Es increíble. Hay muertos todos los días. Dicen que si no te metes, no pasa nada pero quién sabe… Antes era el paraíso», asegura Natalia, una joven vendedora de una boutique situada en el centro histórico de San José del Cabo, una miríada de calles llenas de galerías, de tiendas trendy y de bares y hoteles de diseño. «La gente imaginaba que la violencia era solo en la televisión», asegura un reportero de nota roja de un periódico de La Paz, capital del Estado, con años de oficio, que pide no dar su nombre por temor a las represalias, como le ocurrió a Maximino Rodríguez, del Colectivo Pericú de la Paz, asesinado en abril a las puertas de un centro comercial. «Como autoprotección no hacemos investigación sobre narcotráfico», explica. Su jefe de información confirma el motivo de la política del medio para proteger a los periodistas. «No queremos acabar como en Ciudad Juárez».
Una especie de omertá atenaza a los habitantes de uno de los Estados menos poblados del país (apenas 700.000 personas, casi el 10% extranjeros, la mayoría estadounidenses), que vive del turismo de alta gama (el 75% de su PIB), con el segundo aeropuerto con mayor número de vuelos privados de México, y que observa con miedo, sorpresa e incredulidad cómo lo que parecía un remanso de tranquilidad en un mar de violencia ocupa ahora las primeras planas de periódicos y noticieros: 14 cadáveres encontrados cerca de una reserva marina, cuerpos desmembrados en las proximidades de la zona turística, balaceras en vestíbulos de hoteles exclusivos o en gasolineras, desapariciones…
La burbuja ha estallado y la mayoría de los consultados para este reportaje exige el anonimato. Es el caso de la propietaria de otro establecimiento de lujo que resume así la situación: «Antes esto era como una isla. Ahora estamos como en el resto de la República. Ya llegaron». «Esto está igual o peor que Cancún», dice un empresario que divide su vida entre los enclaves turísticos de México: Playa del Carmen, en el Atlántico, y Cabo San Lucas, en el Pacífico. «Ya le pegó fuerte. Todo el mundo está coludido. Trajeron las narcomantas, trajeron todo lo peor de allá acá».
Muchos analistas insisten en que el narcotráfico siempre estuvo presente en el territorio, a solo dos horas de avión de Los Ángeles, pero marcan el 31 de julio de 2014, justo hace tres años, como el día en que estalló la guerra entre los carteles por el control de la plaza. En esa fecha, en la carretera que une La Paz con San José de los Planes, hubo una emboscada mortal contra Jesús Esteban Espinoza Velázquez, alías El Pantera, sicario de Dámaso López Núñez, El Licenciado y hasta su detención uno de los capos del cartel de Sinaloa tras la caída de El Chapo, y dos de sus escoltas, en la que, según la prensa local, también habrían estado implicados miembros de las fuerzas de seguridad.
A partir de ese momento, las cifras se dispararon: 52 muertos en 2014, 135 en 2015 y 196 en 2016, según recuentos que oscilan, aunque fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado cifran el balance en unos 667 homicidios desde que estalló el enfrentamiento entre facciones del Cartel Jalisco Nueva Generación (CNJG) o Tijuana Nueva Generación (CTNG) en contra de Sinaloa o Fuerzas Especiales de Los Dámaso (FED), como sostiene el semanario Zeta, de Tijuana. La batalla se dirime ahora sobre todo en las calles de Cabo San Lucas, San José, La Paz y hasta en una localidad tan tranquila como Loreto, pueblo mágico y puerta al Mar de Cortés.
Los expertos apuntan también a que la guerra también se debe al intento de establecer una nueva ruta alternativa al continente, desde la punta sur hasta Tijuana, en la frontera con EE UU. En junio, la Marina incautó casi dos toneladas de cocaína frente a la costa de Los Cabos. La situación se agrava además por la venta de droga al menudeo, dada la enorme cantidad de turistas. «Basta con sentarte en la Marina de Cabo San Lucas o en la playa del Médano para que te ofrezcan todo tipo de drogas: mota (marihuana), cocaína, lo que quieras. A plena luz del día y con toda impunidad», dice un promotor inmobiliario de la zona.
Para evitar que continuase el deterioro de la situación en un territorio lejano y con escasos efectivos del Estado, gobernado por el PAN, el Gobierno federal decidió enviar a partir de Semana Santa a unos mil militares, entre Ejército y Marina. «Desde que llegaron, me siento mucho más tranquilo», dice el mismo promotor. «Es invaluable el apoyo de la Marina y del Ejército para recuperar la paz», asegura el procurador general de Justicia de Baja California Sur, Erasmo Palemon Alamilla, que sostiene que la situación está mejorando, aunque no se atreve a cantar victoria. Tampoco el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), consultado por este periódico, quiso ser muy explícito sobre las operaciones ni el tiempo de permanencia de estas unidades que, según algunos medios, será de tres años. «A pesar de todo, es un problema focalizado. El turismo no ha resultado afectado», señala Palemon.
De momento, pero la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Baja California Sur ya expresó en marzo la preocupación de los hosteleros y empresarios porque la violencia terminase afectando al sector turístico. “Desde luego, los gringos ricos y los que se alojan en hoteles de lujo o viven en zonas exclusivas con grandes medidas de seguridad, no lo notan», dice un empresario de la zona, que pese a todo, vive un auténtico boom inmobiliario (hasta 4.000 dólares el metro cuadrado) y prepara la construcción de hasta 6.000 nuevas plazas hoteleras. Las cifras oficiales no desmienten al procurador: en esta temporada baja (de julio a septiembre, fechas en las que viajan los turistas nacionales), la ocupación hotelera no se ha resentido. «De hecho, tenemos más demanda que otros años», asegura Roldán, gerente de un hotel del centro de San José. La prueba de fuego de la eficacia de las fuerzas de seguridad y para el futuro de la economía de Baja California Sur llegará en diciembre, cuando miles de turistas estadounidenses desciendan al extremo más meridional de la península.
Información de El País
https://elpais.com/internacional/2017/07/31/mexico/1501457461_948705.html