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A más de tres años de la matanza de Tlatlaya en México, un juez ha exhortado a la fiscalía a que investigue a fondo lo ocurrido, cosa que, de momento, no ha hecho. En junio de 2014, un convoy militar se enfrentó a balazos a un grupo de personas armadas en una comunidad rural de Tlatlaya, un pueblo a cuatro horas de la capital. El Ejército informó entonces de que los agresores, 22, habían muerto en el fuego cruzado. Semanas más tarde trascendió que no todos habían caído en la balacera, que los militares habían asesinado a unos cuantos.
El juez ha amparado a una de las testigos de lo ocurrido, Clara Gómez, que pedía que la Procuraduría General de la República, PGR, investigara a fondo el caso: la balacera, los asesinatos, la alteración de la escena del crimen, la actuación de los mandos militares, etcétera. En una resolución dictada hace unos días, el juez da la razón a la testigo y ordena además que la PGR integre todas las pesquisas sobre el caso en una sola investigación, para evitar la pérdida de pruebas. La procuraduría tiene 10 días hábiles para presentar un recurso, cosa que debería ocurrir, si ocurre, esta semana. «De presentar el recurso», ha dicho Gabriela Carreón, una de las abogadas de la testigo, «la PGR estaría expresando una clara reticencia a esclarecer los hechos ocurridos en Tlatlaya».
Sepultada por un alud de escándalos y corruptelas que mantienen en vilo a México desde 2014, la matanza de Tlatlaya fue el primer mazazo contra la imagen del presidente Enrique Peña Nieto. A menos de dos años de tomar el mando, luego de airear al detalle las bondades de las reformas propuestas por su Gobierno, la muerte a balazos de 22 personas le traía de vuelta a tierra frme, recordando los años duros de la guerra contra el narco del anterior presidente, Felipe Calderón. La muerte a balazos, pero sobre todo la sospecha fundada de que aquello no había sido un simple enfrentamiento.
La PGR presentó su investigación ante el juez a finales de 2014, concluyendo que los militares habían matado a sangre fría a ocho de los 22. Que lo hicieron después de la balacera, cuando ya se habían rendido. Implicaba directamente a tres elementos del Ejército, Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández, acusados además de alterar la escena del crimen. El juez aceptó que los tres siguieran en prisión.
En mayo de 2016, año y medio más tarde, un tribunal consideró sin embargo que las pruebas de la PGR resultaban insuficientes para enjuiciar a los militares y ordenó su liberación. El tribunal asumía que los militares habían «privado de la vida» a ocho civiles, pero argumentaba que el paquete de evidencias resultaba exiguo. La PGR protestó: «Conforme al marco legal vigente, la Procuraduría General de la República acata esta resolución judicial. Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación considera haber ofrecido los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares». Quintero, Acevedo y Millán eran los últimos tres integrantes del convoy que quedaban en prisión. Antes ya habían salido otros cuatro, vinculados igualmente al caso, aunque por delitos menores. Eran los tres primeros, según los investigadores, quienes habían perpetrado la masacre.
Ahora, otro año después, un juez de amparo insiste en que no, que las pruebas aportadas para enjuiciar a los militares no son suficientes. «Se ha acreditado que la autoridad ministerial ha sido omisa en realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos motivo de la denuncia realizada», dice. Y además de decirlo, ordena a los investigadores que hagan algo al respecto.
Además, el juez señala dos puntos cruciales del caso, la responsabilidad de la cadena de mando y un oficio, divulgado un año después de lo ocurrido, que mostraba la sorprendente ligereza de los mandos militares respecto al uso de las armas de fuego.
Tres mujeres sobrevivieron al enfrentamiento y las posteriores ejecuciones de Tlatlaya. Una de ellas es Clara Gómez. Desde el principio, la testigo ha explicado que ella estaba con los 22 aquel día por su hija, Erika. Nunca ha quedado claro cómo llegó Erika al grupo. Si se fue con ellos por gusto o porque la obligaron. Clara dice que hacía semanas que no sabía de ella y que justo el día de antes, la muchacha le avisó por celular de que estaría en Tlatlaya. Clara, según explicó, fue a buscarla y se encontró con el tiroteo y lo demás. Erika, que entonces contaba 14 años, murió a balazos aquel día, 30 de junio de 2014. Clara y sus abogados intentan desde entonces que la PGR investigue todos los aspectos del caso, que los militares acusados sean enjuiciados y los mandos militares, investigados.
En junio de 2015, los abogados de Clara presentaron un documento que formaba parte de la investigación de la PGR. Se trataba de un oficio militar, una orden que la comandancia del batallón envió al encargado de la base en la que estaban destinados los soldados implicados en el caso. Uno de los puntos de la orden leía: «Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad». El oficio tenía fecha del 11 de junio, dos semanas y media antes de lo ocurrido.
A raíz de la investigación de la PGR y el contenido de este oficio, la cuestión resulta más que evidente: ¿Hasta qué punto los militares se sintieron respaldados por sus mandos para actuar como actuaron?
En la causa militar sobre Tlatlaya, paralela a la civil, el segundo comandante del batallón, el teniente coronel Sandro Díaz, declaró que aquel oficio no era obra suya, sino un machote, esto es, un modelo que se estaba usando desde hacía años. Pese a ello, la PGR no ha llamado a declarar a sus superiores para determinar el origen exacto del oficio, ni a Raúl Castro, primer comandante del batallón, ni a Francisco Ortega, adscrito a la comandancia de la 22ª Zona Militar, ni a su jefe en la Zona Militar, ni al general Jaime Godínez, comandante de la 1ª Región Militar, ni, por supuesto, al Secretario de la Defensa, General de División Salvador Cienfuegos.
El juez que pide ahora a la PGR que investigue a fondo el asunto es consciente de lo anterior: «Se tiene acreditado la omisión de investigar respecto a la orden consistente en el abatimiento en horas de oscuridad, dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los militares». Por eso, pide que lo haga y que además elabora un cronograma con las «diligencias» a realizar. Que diga qué va a hacer, cuándo piensa a hacerlo y que se comprometa a solventar cada una de sus tareas en un plazo de 30 días.
Gabriela Carreón, una de las abogadas de Clara, tiene claro que entre esas diligencias deberían figurar las convocatorias de los mandos para que declaren. «Además», dice, «debería pedir a la Secretaría de la Defensa que explique cuántas órdenes se han dado en base al machote de Tlatlaya»
Información de El País
https://elpais.com/internacional/2017/08/14/mexico/1502743596_051559.html
