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Los señalamientos sobre que gobernadores y alcaldes tengan vínculos con grupos del crimen organizado, aunque indignan y escandalizan también se han normalizado en nuestro país.
Cuando menos el presidente municipal de Chilapa —en Guerrero— no es ajeno a uno de los grupos de delincuencia organizada y la gente sabe que si van a presentar una denuncia al Ministerio Público más tardan en presentarla que el mismo MP que tomó la denuncia le esté informando al amo, al que le sirva», acusa Manuel Olivares, defensor de derechos humanos del Centro Morelos.
Ejemplos como el testimonio de Olivares, sobran, pues sobre todo los gobernantes a nivel local son cooptados o coaccionados por el crimen organizado, pagando, después, incluso con su vida.
Un informe de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) señala que en 11 años han sido asesinados violentamente 100 alcaldes en funciones, electos y exalcaldes en lugares dominados por el crimen organizado.
En el caso de Oaxaca, el alto número de regidores asesinados podría explicarse debido a «conflictos violentos hiperlocales […] por tierras, vendettas, política» y otras «luchas de poder locales», explicó el especialista Jaime López al centro de investigación InSight Crime.
Para este centro británico, aunque se desconoce cuántos de dichos homicidios tienen relación con el crimen organizado, «el número total apunta a un escalamiento del conflicto y de las tensiones en las interacciones entre políticos locales y actores criminales.»
El ataque a las autoridades locales es una alternativa lógica para los grupos criminales: implica menor riesgo que atacar a políticos federales, a la par que podría ser de mayor provecho para sus intereses criminales”. Indica Insight Crime.
TAMBIÉN GOBERNADORES
El análisis señala que los presuntos vínculos con el narcotráfico también apuntan a gobernadores, como se ha visto con numerosos exmandatarios estatales.
Ahí está el caso César Duarte, exgobernador del estado de Chihuahua, quien, entre otras cosas, es señalado por llegar a acuerdos con grupos criminales para operar con impunidad en ciertas zonas a cambio de mantener bajos índices de violencia, como ha acusado el actual mandatario Javier Corral.
O el actual gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, quien tuvo que deslindarse de quien fuera fiscal del estado, Édgar Veytia, tras ser detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
SÓLO POR MENCIONAR UN PAR DE CASOS
“Desde la perspectiva de los gobernadores, algunos grupos criminales ejercen tal poder y control territorial que negociar puede ser simplemente el medio más pragmático para la supervivencia física y política, a menos que su fin sea el propio enriquecimiento”, precisó el centro e investigación.
Para el centro de investigación, los nexos entre gobiernos locales y el crimen organizado se ventilaron a partir del año 2000, con la fragmentación de la escena política en México y el fin de la hegemonía del PRI.
La llegada de otros partidos políticos en los ámbitos estatal y federal llevaron a una descentralización del poder y a conferir mayor margen de maniobra a los gobernadores”, indicó.
InSight Crime concluye en su análisis que «la falta de consenso y de lealtades políticas a diferentes partidos puede generar mayores conflictos entre poderes en contienda en el ámbito local» y esto implica «acordar nuevas lealtades y realinear intereses, entre políticos y crimen organizado”.
“Desafortunadamente, los cambios en las alianzas político-criminales por lo general traen consigo violencia, un factor que se exacerba con la creciente fragmentación paralela del contexto criminal en México”, aseveró Insight Crime.
Información de Excélsior
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/17/1195174
