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Las instituciones de seguridad y justicia están en la ruina y los gobernantes muestran ineptitud para garantizar la seguridad de la población, afirmó el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El organismo se pronunció este miércoles por que sean detenidos los responsables del asesinato de Silvestre de la Toba Camacho, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, de su hijo, y de las lesiones causadas a su esposa e hija.
Los criminales están dispuestos a todo dada la ineptitud de las autoridades para ejercer el primer deber de los gobernantes: garantizar la seguridad de las personas.
Desde luego, es elemental la exigencia de que se detenga a los asesinos y se haga justicia, pero la gravedad del crimen debe ser una llamada para que los gobernantes, la academia y la sociedad civil hagamos un esfuerzo auténtico y efectivo de reflexión y trabajo para reparar la ruina en que se han convertido las instituciones de seguridad pública y justicia penal”, expresó el Programa de Derechos Humanos de la UNAM, en un comunicado.
De la Toba Camacho fue asesinado la noche del lunes, cuando viajaba en su auto junto con su familia por una zona comercial de La Paz, Baja California Sur.
En su pronunciamiento, el Programa de Derechos Humanos de la Máxima Casa de Estudios destacó que, desde hace 27 años, que se crearon las comisiones de vigilancia de las garantían, ningún titular había sido asesinado o atacado gravemente.
A pesar de la violencia desbocada y de la patente de corso que la impunidad ha otorgado a los criminales, ningún ombudsman había sido asesinado o atacado gravemente en nuestro país en 27 años de vigencia de la institución.
Parecía que las personas que representan a las instituciones públicas de defensa de los derechos humanos estaban automáticamente protegidas por lo que representan: la dignidad humana en su más acabada expresión. Acabamos de ver, con espanto, que no es así”, señaló el organismo.
El programa afirmó que es “indispensable y apremiante” aplicar medidas adecuadas y suficientes de protección eficaz, para los integrantes de las instituciones públicas y de las organizaciones civiles vigilantes del respeto a los derechos humanos.
Información de Excélsior
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/22/1202893
