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“Mi muchacha”, “la que me ayuda”, estas son algunas de las frases que ha escuchado María Isidra Llanos Moreno sobre su trabajo como empleada del hogar. Para ella, la discriminación comienza con el nombre. “Nosotros decimos: es que no voy a ayudarte, voy a trabajar”. Esta mujer originaria del Estado de Puebla tiene 51 años y 36 en el servicio doméstico. Pese a su trayectoria aún no cuenta con un contrato por escrito.
La situación laboral de Llanos Moreno se rige por la voluntad de la palabra de sus patrones. Un hilo muy frágil. Comienza con el aseo general de la casa: lavado, planchado y comida sencilla, pero se extiende al cuidado de los hijos e incluso a la limpieza de la oficina de su empleador. Un trabajo extra de más de 35 horas semanales que no siempre se refleja en el salario. Un 75% de las trabajadoras domésticas recibe un sueldo de menos de ocho dólares al día.
Solo 53.089 personas, lo que supone el 2,4% de las trabajadoras domésticas en México, tiene acceso a un servicio médico como prestación laboral, según las cifras de la Secretaría del Trabajo. El resto de las empleadas desconoce de aguinaldo, de acceso a guarderías, medicinas gratuitas y pensiones, por el contrario, se han convertido en expertas en extender su salario y en negociar “de palabra” con sus patrones.
El trabajo doméstico emplea a 2,24 millones de personas en el país, un 94% son mujeres. Las autoridades federales, sindicatos y expertos reconocen que este colectivo padece de discriminación laboral al no contar con un salario adecuado ni con protección legal. “La seguridad social no la hemos logrado. En mis embarazos dejaba de trabajar, incluso en una ocasión fui despedida por dar a luz”, relata Llanos Moreno.
En junio de 2011, México suscribió el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un acuerdo que garantiza un contrato de trabajo por escrito, acceso a la seguridad social y prestaciones por maternidad para las trabajadoras del hogar. Las promesas quedaron en el aire. A seis años de distancia el gobierno mexicano no ha ratificado el acuerdo. No existe obligación de por medio.
Las dudas internas para la confirmación del Convenio 189 versan sobre el coste al erario. Según los cálculos del Instituto Belisario Domínguez, adscrito al Senado mexicano, la aportación anual que tendría que hacer el gobierno federal para garantizar el 70% de la seguridad social de las trabajadoras del hogar supondría cerca de 28.712 millones de pesos, unos 1.512 millones de dólares. El porcentaje restante se cubriría con la contribución del empleador y del propio trabajador.
Iris Gallardo, portavoz de la Secretaría del Trabajo, reconoce que es posible cubrir este coste. “Tampoco se considera, desde la Secretaría del Trabajo un costo muy imposible de sufragar si redireccionamos algunos presupuestos que se tienen para otros programas”, ha admitido.
Una seguridad que comparte Gerardina González Marroquín, directora de la OIT para México y Cuba, quien señala que si un trabajador de una planta automotriz cuenta con protección social una trabajadora doméstica debe contar con los mismos derechos. “México es un país grande, con grandes desafíos. En períodos como el actual, que ya están en un franco proceso electoral las cosas tienden a detenerse un poco, pero nosotros confiamos que el próximo gobierno lo asuma (el convenio) con entusiasmo”.
Las promesas están sobre la mesa. Pero México, un país donde el 10,6% de las mujeres ocupadas se emplean en los trabajos del hogar, sigue sin sumarse a la lista de 24 países adscritos al Convenio 189. El compás de espera continúa en los escritorios legislativos. Lejos de estas oficinas, las voces de las trabajadoras domésticas advierten de la desidia de los empleadores y de las autoridades para regular su situación laboral. “Como ellos han tenido la sartén por el mango más de 100 años ahora que queremos estar en igualdad no les gusta, porque les quitan privilegios”, concluye Llanos Moreno.
Información de El País
https://elpais.com/economia/2017/12/13/actualidad/1513191923_159021.html
