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No fue siquiera una propuesta concreta, pero ha sido suficiente para agitar el tablero político mexicano. La mera sugerencia de Andrés Manuel López Obrador de que se plantearía, en caso de lograr la presidencia, otorgar una amnistía a los capos del narcotráfico ha suscitado una oleada de respuestas y críticas por parte de políticos y militares. Más allá, ha reabierto el debate sobre la seguridad, junto a la corrupción, el tema que capitalizará las elecciones presidenciales del próximo año.
«Si es necesario vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas. No descartamos el perdón. En mi tierra siempre se dice ‘ni perdón ni olvido’, yo no comparto eso. Yo sí creo que no hay que olvidar, pero sí se debe perdonar, si está de por medio la paz y la tranquilidad de todo el pueblo», aseguró López Obrador el pasado sábado en un acto. Ante la pregunta concreta de los reporteros presentes de si esa posible amnistía llegaría a los líderes de los carteles, el dos veces candidato presidencial, añadió: «Vamos a plantearlo. Lo estoy analizando. Lo que sí les puedo decir es que no va a quedarse ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad. Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo”, afirmó López Obrador, que lidera todas las encuestas de cara a la cita de julio de 2018.
«Es un planteamiento que niega de facto, de entrada, un proceso de justicia», criticó el precandidato presidencial del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade. El resto de aspirantes en la carrera hacia Los Pinos también salieron al paso de las declaraciones de López Obrador. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que la medida convertiría a México en un «narcoestado», mientras que el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, lo tachó de «verdadera locura». «Su propuesta es un país de impunidad», completó Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, quien hace una década emprendió una guerra contra el crimen organizado que ha dejado ya más de 170.000 muertos y unos 30.000 desaparecidos.
Además de los políticos, inmersos ya en la campaña electoral aunque quedan ocho meses para los comicios –1 de julio de 2018–, también los militares se posicionaron en contra de los comentarios de López Obrador. «Está dejando de lado todo el mal que han hecho al país, cuánta gente ha muerto por su culpa, cómo es posible pensar en que se les dé una amnistía. Estoy en contra, más claro que eso nada», recalcó el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos.
Las declaraciones de López Obrador han reabierto el debate sobre la seguridad del país, junto a la corrupción el tema que más preocupa a los mexicanos, los dos asuntos que marcarán sobremanera las elecciones del próximo año y que se consideran la herencia tanto del sexenio de Peña Nieto como de su antecesor, Felipe Calderón, con la que López Obrador promete romper en caso de vencer. México registra los índices de violencia más altos de su historia reciente, superiores a los de 2006, cuando Calderón inició la guerra contra el crimen organizado. En octubre se registraron 2.764 asesinatos, en el peor mes desde que se tienen datos oficiales. A falta de contabilizar los meses de noviembre y diciembre, se han producido 23.968, lo que aventura que 2017 cerrará como el año más violento que se recuerda hasta la fecha.
A juicio de Froylan Enciso, profesor del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), el líder de Morena “ha abierto una discusión que es inédita en términos mexicanos, como es abordar un tema de justicia transicional y abrir una tercera vía, más allá del reforzamiento del militarismo y la reforma de la justicia”. El lugar donde López Obrador sugirió la posible amnistía a los líderes del narco no fue casual. El aspirante presidencial se encontraba en Quechultenango, un pequeño municipio a 30 kilómetros de Chilpancingo, la capital de Guerrero, uno de los Estados más golpeados por la violencia del crimen organizado, donde desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El debate sobre la posibilidad de amnistiar a los líderes del narcotráfico se produce al tiempo que el Senado estudia aprobar la Ley de Seguridad Interior, que la pasada semana recibió el visto bueno del Congreso. Este martes estaba previsto que la comisión de la cámara estudiase la ley y la elevase al pleno, previsiblente el jueves. La norma permite regular la intervención del Ejército en la guerra contra el crimen organizado, lo que perpetuaría la presencia de los soldados en las calles del país. La medida ha desatado las críticas de los organismos defensores de los derechos humanos y protestas de decenas de organizaciones mexicanas. Incluso de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha rechazado su aprobación. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, aseguró que la norma no es la respuesta «adecuada» a las necesidades del país ya que sus reglas podrían aplicarse de forma arbitraria.
Información de El País
https://elpais.com/internacional/2017/12/05/mexico/1512496782_984114.html
