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La llamada pérdida ambigua que padecen familiares de personas desaparecidas es fomentada por autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos.
A pesar de que las denuncias de desaparición son iniciadas por familiares de forma inmediata, la Fiscalía General del Estado no toma muestras genéticas a los cuerpos sin vida que levanta el Servicio Médico Forense, por lo que es prácticamente imposible conocer su identidad y entregarlos a su familia.
La mañana de este viernes familiares de personas desaparecidas que han padecido la negligencia de las autoridades protestaron para exigir que los responsables de que los cuerpos permanezcan hasta tres años sin identificar en el Semefo sean castigados.
Uno de los casos es el de Jesús Hernández Maldonado, un joven que desapareció el 25 de marzo de 2014.
Su familia inició la búsqueda de forma inmediata y levantó las denuncias correspondientes.
Alrededor de 15 días después de la desaparición, los familiares de Jesús entregaron muestras de ADN a las autoridades de Morelos, de acuerdo con su hermana, Georgina Hernández.
El 24 de julio de ese mismo año el cadáver de Jesús fue localizado y llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Cuautla.
Fue hasta septiembre de 2017 cuando la Fiscalía informó que tenían en su poder el cadáver de Jesús.
Padecemos el dolor, la angustia de no saber en dónde están nuestros familiares, qué es lo que les están haciendo, si están bien o están mal, aunado a eso nos informan que los cuerpos permanecen en el Semefo de Cuautla por más, en mi caso por más de tres años.
“No es justo que nos estén haciendo eso, que sigan burlándose de nuestro dolor, ahorita en este momento lo que nosotros sentimos es odio, coraje, impotencia porque las mismas autoridades nos están haciendo esto, siendo que ellos son los que nos deben de ayudar a esclarecer nuestros casos y no están haciendo su trabajo como debe de ser”, dijo Georgina.
A pesar de la tragedia y el dolor que implica la muerte de un familiar para los deudos es mejor tener certeza sobre su paradero.
“En cierta forma nos da tranquilidad porque ya los tenemos, ya sabemos dónde ir a llorarles, ya no estamos con la preocupación de si les están haciendo algo, si los están martirizando, es un descanso para nosotros, obviamente el proceso sigue porque tenemos que saber quiénes son los responsables, pero si es un descanso a medias el que nos están dando”, expresó Georgina.
Casos como éste se repiten constantemente en Morelos.
Incluso ante la negligencia de la Fiscalía, colectivos de personas desaparecidas han conseguido que las fosas comunes utilizadas en la entidad para la inhumación de cadáveres no identificadas sean abiertas para tomar muestras de ADN y confrontarlas con los perfiles aportados por las familias.
Otro de los casos es el de Neida Lucía Salas, cuyo cadáver permaneció sin identificar un año y medio en las instalaciones del Semefo, a pesar de que la Fiscalía contaba con muestras genéticas de su familia.
“A mi hija la tuvieron en el Semefo durante año y medio también como desconocida. Desapareció el 26 de febrero del 2016, la levantaron en Jiutepec. Su cuerpo lo encontraron el 25 de junio del 2016 también
“El 26 de diciembre del 2017 lo entregaron, año y medio después”, expresó Lucía Salas, madre de Neida.
El principal argumento que las familias reciben de las autoridades es que el exceso de trabajo les impide tomar muestras de ADN a todos los cuerpos que llegan al Semefo.
“Que tienen mucho trabajo, que había mucho trabajo, que con las fosas de Tetelcingo, las de Jojutla y que había mucho trabajo, eso fue lo que me dijeron porque yo les pregunté ¿por qué después de año y medio me habían avisado?
“Es una impotencia porque después de que anda uno buscando y tanto sufrimiento y dolor… ella tenía un niño y él pregunta por ella, y no saber qué decirle a su hijo porque no sabíamos cómo estaba”, expresó Lucía.
Hasta la Fiscalía también llegó Piedad Campos, madre de Dalila, quien a sus 25 años de edad desapareció el 25 de febrero de 2016.
“Ella desaparece el 26 de febrero del 2016 y cuando ellos me avisan fue el 26 de diciembre del año pasado.
“A ella la encontraron en Yautepec y aseguraron el lugar a donde ella la tenían porque la mataron y la enterraron y las autoridades dicen que no podían identificar que era mi hija por el estado de descomposición en el que ella se encontraba.
“La prueba que me hicieron (de ADN) fue el 5 de junio del año pasado, nunca más antes me tomaron una prueba, ni a mi niño, ni a mí”, expresó.
Hoy, antes de ser recibidas por el Fiscal General del Estado, Javier Pérez Durón, los familiares de víctimas exigieron que los responsables de estos casos sean llevados ante la justicia y castigados.
“Yo lo que pido es justicia porque no es justo que nos hagan esto, año y medio yo estuve , o más de año y medio porque casi los dos años fueron que mi hija estuvo desaparecida y yo no tenía ninguna noticia, ninguna respuesta por parte de las autoridades y yo lo que pido es que se nos haga justicia porque no es justo, mi hija me dejó un pequeñito y no es justo que nos hagan esto.
“Que las autoridades se pongan a trabajar y hagan su trabajo porque no sabemos cuántos casos más cómo este pues hayan pasado antes de nosotros, eso es lo que yo estoy pidiendo”, dijo Piedad Campos.
Actualizado.
