Ante el clamor de justicia y no más retardo en su aplicación, ni más victimizaciones, por parte de familiares de víctimas de delitos, el Fiscal General, Uriel Carmona Gándara se comprometió con ellos a instalar de inmediato mesas de trabajo mensuales para analizar y resolver caso por caso y castigar conforme a la ley a los responsables.
Carmona Gándara se reunión a partir de las 12.00 horas con familiares de Jessica Cerón Salinas, como su madre Celia Salinas, quien desde el 13 de agosto del 2012, está desaparecida, luego de que tenía 39 semanas de embarazo.
Por igual acudieron a exigir justicia Delia Delgado Estrada, madre de Erwin Itzael Altamirano Delgado de 29 años de edad, quien denunció que su hijo fue asesinado por elementos de la Policía Morelos el 28 de febrero del año 2017, pero estos fueron protegidos por sus jefes policíacos y el ex fiscal Javier Pérez Durón, quienes argumentaron en su momento que la causa de muerte de Erwin fue una úlcera, cuando hasta la fecha los peritos criminalistas «no han podido determinar la causa de muerte».
Aproximadamente ocho policías que participaron en la golpiza que provocó la muerte de su hijo, señaló Delia Delgado, sólo cinco fueron puestos a disposición y estos quedaron en libertad porque el Ministerio Público, Jonathan Valladares integró mal la carpeta, sin que hasta el momento haya avances en la investigación luego de que para colmo, el Comisionado Estatal de Seguridad Jesús Alberto Capella, además de afirmar que su hijo murió a consecuencia de una úlcera, lo criminalizó diciendo que era adicto y un presunto delincuente, cuando todo esto es mentira.
Por otra parte Ana Luisa Garduño, madre de Ana Karen Huicochea asesinada el 12 de diciembre del 2012, insistió en su demanda de justicia al tiempo de señalar que la queja interpuesta en Visitaduría en contra del ahora Fiscal regional en Cuautla Julio Ernesto Silvar, «porque me pidió dinero a mi para detener al asesino de mi hija, y el mismo presunto» no ha avanzado y por el contrario se ha extraviado.
En el mismo tenor padres y familiares de los cuatro jóvenes estudiantes de la escuela preparatoria de Jojutla, que fueron asesinados el día dos de noviembre del año 2016, por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, en Ticumán y abandonados sus cadáveres en Yautepec, exigieron a Uriel Carmona que se proceda con mayor energía y eficacia pues los abogados de los criminales que están detenidos han hecho gala de recursos económicos y se han pasado un año interponiendo amparos, tratando de impedir que los asesinos sean castigados.
Ante estos y otros casos de personas que estaban desaparecidas y sus familiares tardaron año y medio, tres y cinco años para encontrar sus cadáveres, cuando estos estaban en anfiteatros del Servicio Médico Forense y pese a que los buscaban nunca les avisaron, el Fiscal Uriel Carmona, se comprometió con los familiares de las víctimas a instalar a partir de este jueves mesas de trabajo mensuales, para analizar caso por caso y supervisar los avances, al tiempo de afirmar que «el no les va a dar atole con el dedo, ni los va a engañar, les va a decir las cosas como son en caso que haya algún impedimento legal», pero siempre con el compromiso de atender el derecho que tienen de exigir justicia y él sus colaboradores la obligación de atenderlos, esto al tiempo de anunciar que se trabaja en la creación e implementación de nuevos protocolos para eficientar la búsqueda de personas desaparecidas.
Además, el Fiscal General destacó que en esta primera reunión se estaban ya atendiendo tras de estos casos y ordenó de inmediato a sus colaboradores que «aparecieran» la queja contra el Fiscal regional Julio Ernesto Silvar para de encontrar elementos en su contra proceder con todo el rigor de la ley, así como contra todo funcionario de la Fiscalía que sea denunciado y se compruebe que no hace bien su trabajo.
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