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La Libertad del Diablo es un documental en que policías, militares, sicarios y víctimas de la violencia en México cuentan su experiencia en estos años de guerra. El terror. Y lo hacen con una máscara frente a la cámara. Everardo González es el director. González escuchó de todo durante la grabación, horas y horas de testimonios sobre los estragos que ha causado la violencia en el país. Ahora, a pocos días del primer debate entre los aspirantes a la presidencia del país, se pregunta qué dirán, cuales son sus ideas para abordar la crisis de inseguridad y sus consecuencias.
«Yo creo que tendrían que tener como prioridad el tema de la justicia transicional», dice el cineasta, «convocar a comisiones de la verdad, para que se discuta qué se hace con tanta y tanta gente». Dice gente, pero podría decir víctimas, personas que de una u otra forma se han visto arrastradas, primero, por la guerra entre el Gobierno y los carteles de la droga y luego, por la batalla intestina entre bandas criminales menores y entre éstas y el propio estado.
En los últimos 12 años, los Gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, que concluye en unos meses, dejan más de 200.000 personas asesinadas, decenas de miles de desaparecidos, una enorme cantidad de desplazados. Una herida gigantesca que, de acuerdo a los especialistas consultados por EL PAÍS, requiere de una estrategia integral para sanar. Justo lo que no aparece en el programa de los candidatos.
Causa en Común es una asociación que se dedica a analizar estrategias de seguridad y la manera en que afectan a la sociedad. Maria Elena Morera, su responsable, dice que «los programas -de los candidatos- no tienen integralidad, parecen ideas sueltas, no hay un sentido del circuito completo: prevención, seguridad, procuración de justicia y sistema carcelario. Vemos propuestas desarticuladas».
Morera y otras organizaciones lanzaron hace unas semanas una campaña de recogida de firmas en change.org, para que los moderadores del primer debate de candidatos, que se celebra este domingo, les planteen cinco preguntas en materia de seguridad y justicia. Dos aluden precisamente a las comisiones de la verdad:
La primera: ¿Estaría dispuesto a solicitar cooperación de la ONU para combatir la impunidad y la corrupción como ha ocurrido en otros países?
Y la segunda: ¿Qué haría para garantizar a las víctimas del delito y el abuso del poder el derecho a la verdad y medidas de reparación?
La primera se refiere a las comisiones que funcionan en Guatemala y Honduras, ambas amparadas por Naciones Unidas, ambas tendentes a reforzar las instituciones de procuración de justicia -las fiscalías-, frente al anquilosado aparato estatal. Al fin y al cabo, México es uno de los países de América con mayores índices de impunidad. Esto es, de crímenes no castigados y víctimas no atendidas.
La segunda, a abordar las consecuencias de la violencia de manera integral. Una solución para todos. Familiares de desaparecidos, desplazados, víctimas de tortura, etcétera.
Al principio de la campaña, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, líder en las encuestas, propuso amnistiar a líderes criminales con tal de pacificar el país. No dijo cómo, a quiénes, o si esa medida sería parte de una estrategia de pacificación de mayor calado. ¿Es la solución ante los estragos que ha causado la violencia?
La recogida de firmas apunta precisamente a la inquietud que generan las propuestas de los candidatos. Ni Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, ni López Obrador, ni José Antonio Meade, del PRI y sus aliados, los tres aspirantes principales, hablan con claridad de sus programas en materia de seguridad. Everardo González dice: «Las propuestas de los candidatos son puro lugar común. Del debate del domingo espero, y dudo que suceda, que se discutan propuestas, metodología y no que se agarren con la cubeta».
Morera dice que muchas de las propuestas de los candidatos son incumplibles. Como la guardia nacional de López Obrador. Una de las propuestas más comentadas de López Obrador, candidato que lidera las encuestas, es la creación de una fuerza de seguridad con soldados y marinos, la guardia nacional. Morera la critica porque no responde a una estrategia integral, sino a una «ocurrencia». De Anaya dice que «muchas -de sus propuestas- son temas tecnológicos, pero no están aterrizados. No dan seguridad, si esos sistemas no están conectados a policías que funcionen». Como tener un celular en una isla perdida del pacífico.
Ixchel Cisneros es la responsable de Cencos, una asociación cercana a Causa en Común, que a finales del año pasado encabezó las protestas contra la Ley de Seguridad Interior, aprobada in extremis en el congreso.
La Ley de Seguridad Interior es la respuesta del Gobierno de Peña Nieto a las demandas de las Fuerzas Armadas de actuar bajo un «marco jurídico». Desde que Calderón sacó al Ejército a hacer labores policiales en 2006, los soldados actúan en base a la excepción, no a la norma. Cisneros y buena parte de la sociedad civil en México defiende que esta regulación perpetúa el uso policial de las Fuerzas Armadas y pervierte la lógica de la labor policial.
Hasta la fecha, ningún candidato salvo Meade se ha mostrado a favor o en contra de la normativa. El candidato del PRI ha dicho que la respetaría. Cisneros dice que «la seguridad y la corrupción son los dos temas más importantes de esta campaña». En el caso de la seguridad, dice que el asunto más relevante es saber qué quieren los candidatos, si más militarización, o poner el foco en mejorar la capacitación de los policías.
Información de El País
https://elpais.com/internacional/2018/04/17/mexico/1523987453_068865.html
