Zona Centro Noticias El poder de la información
En rueda de prensa la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre la repercusión y afectaciones que dejo el sismo del 19 de septiembre en las comunidades, destacando la falta de apoyo por parte de las instituciones de gobierno para la reconstrucción de viviendas, así como la falta de atención psicosocial, medica, emocional y jurídico administrativa.
Juliana García Quintanilla, representante de la CIDH, informó las violaciones a los derechos humanos generadas en este lapso de casi un año del sismo a pesar de los acuerdos firmados por México, donde se documentaron y se realizaron encuestas a las personas afectadas, en su mayoría mujeres, así como la falta de rubros importantes como lo es la salud, la educación, el trabajo y la falta de entrega de recursos por parte del Fondo Nacional de Desastres Naturales y el organismo gubernamental Unidos Por Morelos.
Juliana explicó que hasta el momento toda la información requerida en el rubro de los recursos para los afectados por el sismo fue negada, por lo que se pidió a las autoridades de gobierno y a la Cruz Roja la información de transparencia a través de documentos girados al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) debido a la desconfianza por parte de la ciudadanía en el conocimiento de los datos, así como la violación de los principios fundamentales del acceso a la información, ante esto existe la preocupación de que estos recursos hayan sido desviados para otro fin.
Durante los meses de julio y agosto del 2018, se aplicaron y sistematizaron 86 encuestas para contar con información de primera mano sobre la situación psicosocial (afectaciones materiales; defunciones de familiares; situación económico-laboral; atención de salud física y emocional; asesoría jurídico-administrativa; adecuado funcionamiento del FONDEN; así como las quejas o denuncias que quisieron realizar) de las personas damnificadas.
La mayoría de las personas encuestadas fueron mujeres. Su principal ocupación era el comercio y muchas de ellas perdieron su fuente de trabajo después del sismo, algunas aún están desempleadas. Por otro lado, la principal ocupación de los hombres encuestados está en el campo. Las personas adultas y adultas mayores fueron la mayoría. La pérdida de la vivienda fue la más mencionada, pues la inmensa mayoría sigue viviendo en casas de campaña o con familiares, por lo que las condiciones de vida siguen siendo precarias, sin los servicios públicos necesarios ni con una seguridad adecuada. Mientras que la tragedia más sentida fue la pérdida de 6 vidas. Pese a todo lo acontecido, la mayoría de las personas aún no cuentan con un Plan de Seguridad (ni en la casa, empleo o en espacios públicos). Los protocolos de seguridad oficiales quedan reducidos a anuncios de simulacros conmemorativos, lo que de ninguna manera permite fomentar una cultura de prevención. El daño psicosocial postraumático se observa en la mayoría de las personas que siguen sin superar el tremendo choque emocional que significa la destrucción de sus viviendas y en algunos casos la pérdida de la vida de sus familiares. Al mismo tiempo observamos que la mayoría de las personas no contó con Atención Psicosocial: Médica, PsicoEmocional y Jurídico-Administrativa. Y constatamos la ausencia de programas de atención por parte de instituciones públicas. Observamos que hay omisión de responsabilidad por parte de funcionarios de la Fiscalía General de Justicia ante denuncias presentadas en contra de particulares que defraudaron y no construyeron las viviendas como se habían comprometido. Un dato importante nos señala que la principal ayuda provino de las Brigadas de la Sociedad Civil procedentes de toda la República Mexicana y del Extranjero. Finalmente podemos decir que aunque la mayoría dijo haber sido beneficiada por el FONDEN, también, la mayoría de las quejas fueron para FONDEN, Unidos por Morelos y SEDATU. Por otro lado, cuando realizamos la solicitud de información al FONDEN sobre el censo y las características de las personas damnificadas, así como de la reconstrucción de los espacios públicos, se nos dijo que la información relativa a todo lo concerniente al censo era confidencial. Sin embargo, al utilizar recursos públicos y tratarse de una información de trascendencia social para todo el Estado de Morelos y para el País, ésta información debiera entregarse en aras de la transparencia y del principio de máxima publicidad.
Ante la solicitud de la información para conocer la versión oficial de las acciones gubernamentales emprendidas luego del Sismo del 19 de septiembre del 2017, se giraron oficios al Gobernador del Estado, al Órgano Desconcentrado denominado “Unidos por Morelos” y a la Cruz Roja Mexicana. El Gobierno del Estado y la Cruz Roja Mexicana no respondieron, por lo que se giraron oficios al IMIPE para obtener la información solicitada. Al no transparentar la información sobre las acciones realizadas y los recursos utilizados, generan desconfianza de la ciudadanía y violan principios fundamentales del acceso a la información. Además se abre la posibilidad de que los recursos destinados para atención de ésta catástrofe sean desviados para otro fines. La respuesta de “Unidos por Morelos” llego el 31 de julio del mismo año. Al revisar la página de internet referida, observamos que el “Padrón de Beneficiarios de Unidos por Morelos” refiere que son 15,504 los registros existentes, 612 personas reconocidas en el Municipio de Jojutla, de las cuales 48 fueron beneficiadas por el FONDEN.
Mientras que la información presentada en su Diagnóstico y que aparece en su misma página de internet10 es la siguiente: […] Balance de afectaciones: • 74 fallecidos. • Se brindaron 1,944 atenciones médicas y se realizaron 146 hospitalizaciones. Resultados del censo Fonden • De acuerdo a las reglas del Fonden se identificaron 15,801 viviendas con afectaciones: • 5,370 con daño total o reubicación. • 5,881 con daño parcial. • 4,550 con daños menores. Censo estatal de vivienda • Por su parte el Gobierno del estado contabilizó un total de 23,793 viviendas con daños: • 7,410 con daño total. • 16,386 con daño parcial […] Estos datos no coinciden con los arriba presentados, dejando ver una contradicción en la información presentada entre el Censo y el Diagnóstico. Esto deja en claro que el Estado a través del Órgano Desconcentrado denominado “Unidos por Morelos” desconoce la legislación vigente que le dio origen. Generando una mala atención a las personas damnificadas, violando con ello sus Derechos Humanos.
La Comisión independiente de Derechos Humanos brindó una serie de recomendaciones como la atención inmediata de las 116 quejas realizadas por las personas damnificadas del sismo, que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) sobre la defraudación de personas con las tarjetas que proporcionó Unidos Por Morelos, así como la rendición de cuentas por el Gobierno Federal y del Estado de Morelos sobre los recursos públicos destinados para la reconstrucción a través del FONDEN y la organización antes mencionada.
Agregó que no se ha brindado apoyo por parte de los diferentes niveles de gobierno en el ámbito jurídico-administrativo, médico y psico-emocional, por lo que se pide implementar un programa para garantizar un éxito en el proceso jurídico de reclamo de derechos humanos y la salud de todas las personas damnificadas, así como la estructuración de un plan de seguridad y prevención para la capacitación y difusión de los protocolos de riesgos para una cultura en la prevención, también un programa estatal y municipal de empleo temporal con recursos del FONDEN para que no incremente el desempleo, la pobreza y la imposibilidad de contar con recursos propios para el proceso de reconstrucción, con especial énfasis para las mujeres.
En conclusión, puntualizaron la ausencia por parte de las instituciones ante los damnificados, así como la falta de agua potable, drenaje y energía eléctrica, por lo que piden a las autoridades revisar esta situación lo más pronto posible.
