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Activistas denunciaron que existe una violación sistemática de los derechos humanos de pueblos y comunidades originarias en el País, entre ellas Acahuehuetlán, Guerrero, a donde llegará una caravana con ayuda humanitaria.
«En mayo de 2019 fueron asesinados Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián. Los cuatro, fueron líderes comunitarios destacados, miembros del CIPOG-EZ. Los asesinatos ocurrieron en un contexto de violencia criminal, de la que por acción, omisión o aquiescencia, responsabilizamos a los tres niveles de gobierno.
«Los mismos actores responsables del asesinato de los cuatro integrantes del CIPOG EZ mantienen cercadas a comunidades enteras de la Región de la Montaña Baja de Guerrero, generando una verdadera crisis humanitaria, pues a causa del cerco, que solo puede ser posible con el consentimiento de las autoridades municipales y estatales, escasean alimentos y medicamentos en la región, comunidades enteras han dejado de sembrar la tierra ante el riesgo de ser asesinados en la parcela y las escuelas pelmanecen cerradas por temor a que haya un posible ataque», dijo Yinhué Marcelino Sandoval, de la Red Morelense de Apoyo al CNI.
En una carta dirigida a Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, los activistas señalan que los asesinatos, represión y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios y personas defensoras del territorio, no son exclusivos del estado de Guerrero.
Enlistaron el caso de la Termoeléctrica de Huexca del Proyecto Integral Morelos y el asesinato de Samir Flores.
‘En Amilcingo, Morelos, el 20 de febrero de 2019 fue asesinado con arma de fuego en la entrada de su casa el comunicador indígena nahua y defensor del territorio, Samir Flores Soberanes. Estos crímenes permanecen impunes, lo que muestra un índice de omisión por parte del actual gobierno y de las autoridades correspondientes. El asesinato de Samir Flores se enmarca en la legítima defensa de su territorio que las comunidades organizadas han realizado contra las afectaciones que el Proyecto Integral Morelos trae consigo, y que consisten en la construcción de un gasoducto, dos termoeléctricas de ciclo combinado y un acueducto.
«El gasoducto cruza por tres entidades, Puebla, Tlaxcala y Morelos, pasa por suelo volcánico trasladando millones de litros de gas por día en el subsuelo del territorio de las comunidades, amenazando tierras, caminos, casas, escuelas e iglesias. La termoeléctrica en Huexca ha ocasionado daños en la audición a los habitantes de la comunidad por el nivel de decibeles del ruido que generaron en las pruebas de funcionamiento», se lee en la carta.
Además, continúa, la propia Comisión Federal de Electricidad confirma que emitiría 141.2 toneladas de CO² por hora y utilizaría millones de litros de agua del Río Cuautla para su enfriamiento, que por el nivel de temperatura y los químicos mezclados, la deja inservible para el uso agrícola en la región.
«En el mes de febrero, tan solo tres días después del asesinato de nuestro compañero Samir, se llevó a cabo en los tres estados afectados por el megaproyecto, un supuesto “Ejercicio participativo” disfrazado de una fraudulenta e ilegal consulta que pretendía que la ciudadanía diera el visto bueno al proyecto.
«La constitucionalidad de dicha consulta está siendo revisada por un juzgado de distrito dentro los amparos 402/2015 y 632/2017, pues no cumple con los requerimientos que marca el Convenio 169 de Ia OIT, ni toma en consideración a la población afectada».
En Chiapas, expresó Marcelino Sandoval, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha registrado un aumento de la presencia militar en territorios de Pueblos Originarios Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) especialmente en la región de la Selva Lacandona.
El informe, agregó, también da cuenta de incursiones militares terrestres y áreas en dicha región.
«En los Altos de Chiapas, destacados periodistas han reportado cómo con el apoyo de los gobiernos locales y los partidos políticos se organizan grupos de paramilitares que atacan a la población del municipio de Aldama (y otros), provocando desplazamiento forzado (más de 2 mil personas hasta el momento), todo esto, bajo la narrativa de un conflicto por linderos, pero con el fm de hostigar el territorio zapatista colindante con esta area.
«Además de estos casos, el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el EZLN también han denunciado las agresiones ocurridas en la comunidad nahua de Zacualpan, en el municipio de Comala, Colima; los ataques a la comunidad binizzá de San Pablo Cuatro Venados en el municipio de Zaachila, Oaxaca, y la represión en contra de la comunidad otomí en la Ciudad de México».
Para visibilizar este contexto de guerra y con el fin de entregar alimentos y medicinas a sus pobladores, los activistas anunciaron ma realización de la “Campaña por la vida, la paz y la justicia en Guerrero”, la cual incluye una caravana de Amilcingo, en Morelos, a la comunidad de Acahuehuetlán, Municipio de Chilapa, en Guerrero.
La caravana partirá el día 12 de julio de 2019 y permanecerá el 13 y 14 de julio en Guerrero.
En la carta los organizadores solicitan el apoyo y acompañamiento de la Cdhmor en la movilización.
