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La Unidad Especializada de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Sur Poniente ejerció acción penal en contra de un hombre que haciéndose pasar por Síndico Municipal de Xoxocotla, presuntamente coaccionaba a comerciantes de la localidad bajo la amenaza de clausurar sus negocios si no le brindaban beneficios o entregaban determinada suma de dinero.
La agente del Ministerio Público (MP) de la unidad de Delitos Diversos consignó ante el juez de control a Armando “N”, de 40 años de edad, esposo de la actual Síndica Municipal de esa población, a quien formuló imputación por la posible comisión del delito de extorsión, en agravio de un comerciante y una empleada.
La mujer víctima declaró que alrededor de las 16:00 horas del 18 de mayo del año en curso, Armando “N” llegó al bar donde ella labora, ubicado a un costado de la carretera Alpuyeca-Jojutla, en Xoxocotla, ostentándose como Síndico Municipal.
El hombre comenzó a consumir cerveza, para después simular llamadas telefónicas en las que en voz pedía que acudieran personas al lugar para clausurar el negocio, diciendo que no le atendían como él quería. La víctima detalló que fueron varios los momentos en lo que este individuo realizó esas supuestas llamadas, en las que incluso mencionó que la privaría de la vida porque no le atendía como él decía.
Entrada la noche, Armando “N” se habría retirado del lugar pagando parcialmente la cuenta de su consumo, para regresar más tarde a ese lugar para exigir el dinero de la venta del día y las llaves del local, porque dijo ser el “Síndico Municipal”.
Momentos después llegó el propietario del bar, a quien de igual manera, Armando habría exigido el dinero de la caja y las llaves del local, para no clausurarles ni acabar con sus vidas. La mujer aprovechó el momento para llamar a la policía preventiva, cuyos elementos arribaron al sitio, logrando la detención flagrante del ahora imputado.
En audiencia correspondiente, la representante social obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Armando “N”, con la subsistencia de la medida cautelar de prisión preventiva y plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
