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• Uno de ellos era policía municipal
• Operaban en Huitzilac y la zona norte de Cuernavaca
• Se encuentran investigados por al menos un secuestro más
La Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión obtuvo de un Tribunal de Enjuiciamiento sentencia condenatoria de 50 años de prisión para Miguel “N”, Luis Joaquín “N” y Carlos Alexander “N”, al encontrarlos responsables del delito de secuestro agravado, hechos ocurridos en el mes de marzo de 2021, en la colonia Bellavista de Cuernavaca, en agravio de una víctima del sexo masculino, por quien exigieron una suma de dinero en dólares y se apoderaron del vehículo en el que viajaba, a cambio de su liberación.
Luego de la denuncia realizada por la familia de la persona víctima, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS) activó los protocolos de atención iniciando con los procesos de investigación que permitieron la liberación de la víctima y posteriormente la identificación de los responsables como Miguel “N” quien dijo ser taxista; Luis Joaquín “N”, ex policía municipal; y Carlos Alexander “N”, quien dijo ser obrero, todos vecinos del municipio de Huitzilac.
Con lo anterior, se obtuvieron las órdenes de aprehensión respectivas, que permitieron su captura y judicialización, siendo vinculados a proceso y a la postre, acusados por el delito de secuestro agravado, siguiendo su proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y al valorarse el acervo probatorio aportado durante el proceso, un Tribunal de Enjuiciamiento impuso para cada uno de los masculinos una pena privativa de 50 años de prisión y al pago de multa y reparación del daño a favor de la víctima.
Los ahora sentenciados se encuentran relacionados con al menos una investigación más, por el delito de secuestro cuyos hechos se registraron en el municipio de Huitzilac.
La Fiscalía General del Estado de Morelos, refuerza las acciones de atención para el combate a la impunidad, a través del trabajo desarrollado por las Fiscalías regionales y especializadas, para garantizar el acceso a la procuración de justicia a las víctimas en la entidad.
