Zona Centro Noticias El poder de la información
La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (Propaem), organismo auxiliar de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por la probable comisión de delitos contra las leyes ambientales, relacionados con el incendio suscitado en un tiradero a cielo abierto ubicado en las minas de Tezontle del poblado de Tezoyuca, en el municipio de Emiliano Zapata.
Así lo dio a conocer Carlos Saldívar Salazar, titular de la Propaem, quien detalló que se integró una carpeta de investigación con el número SC01/9061/2023, en contra de quien o quienes resulten responsables por la probable comisión de los delitos contra la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos.
El procurador dio a conocer que el sitio era utilizado para depositar residuos sólidos sin ningún tipo de control ambiental y que el manejo inadecuado produce afectaciones al medio ambiente de manera directa a los habitantes de las comunidades cercanas al lugar.
“En días pasados se recibió una denuncia ciudadana mediante la cual nos informaron sobre la propagación de un incendio en un predio ubicado en la comunidad de Tezoyuca, donde personal de la Propaem acudió y corroboró que el lugar era utilizado de manera irregular para depositar desechos”, refirió.
Saldívar Salazar indicó que, debido a que no se acreditaron los permisos ambientales correspondientes para la disposición final basura, se inició un procedimiento administrativo para suspender el lugar.
De acuerdo con el titular de la procuraduría estatal de medio ambiente, los probables delitos están tipificados en el artículo 242-bis del Código Penal estatal, por los que el o los presuntos responsables podrán alcanzar una pena de hasta ocho años de prisión y una multa de más de dos millones de pesos y estarán obligados a restaurar el sitio afectado.
El Gobierno de Morelos sigue trabajando a favor del cuidado del medio ambiente, vigilando también que el desarrollo y operación de sitios de disposición de residuos operen bajo las normas, reglamentos y leyes que indican su correcto funcionamiento para proteger los recursos naturales del estado.
