Comprometido gobierno del Estado en colaborar por una mejor reinserción social en Morelos

Con el propósito de garantizar el derecho a una reinserción social a las personas privadas de la libertad, el Ejecutivo estatal llevó a cabo la sexta sesión ordinaria 2024 de la Comisión Interinstitucional de Autoridades Corresponsables para el Cumplimiento de la Ley Nacional de Ejecución Penal en Morelos.

En ese sentido, en representación del secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, el director general Jurídico, Armando Hernández Del Fabbro, en calidad de presidente de la Comisión, enfatizó el compromiso con la implementación de políticas públicas que atiendan el bienestar y los derechos humanos de las personas en proceso de reinserción.

Asimismo, refirió que, a través de estas sesiones, se permitirá medir los logros obtenidos y destacar las áreas de oportunidad que requieren mayor atención para cumplir con el mandato constitucional en reinserción social, así como dar continuidad a los programas.

Cabe referir que la Comisión tiene como fin diseñar e implementar distintos programas para la reinserción social al interior de los centros penitenciarios y de servicios postpenales, instrumentando mecanismos de participación y firma de convenios de colaboración para diseñar, garantizar, y brindar servicios de internamiento o de naturaleza postpenal.

En representación de Eduardo Romero Espinoza, coordinador del Sistema Penitenciario y secretario técnico de la Comisión, asistió Josué Israel Molina Díaz, director general de Reinserción Social, quien mencionó que la finalidad resocializadora en las penas privativas de la libertad implica para el estado un trabajo conjunto con las diferentes áreas de conocimiento, para lograr en personas privadas de la libertad, un aprendizaje de manera integral para mejorar su calidad de vida, esto mediante la aplicación de los ejes rectores del Sistema Penitenciario como son trabajo, educación, salud, deporte, entre otros.

Finalmente, indicó que existe la voluntad de trabajar de manera interinstitucional para avanzar y garantizar el desarrollo de cada área tanto laboral, intelectual y personal de quienes están privados de la libertad.