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A nivel nacional se aprobaron reformas al poder judicial para buscar terminar con actos de corrupción y en Morelos parece que se hace lo contrario se fomenta la opacidad.
Hay derroche de recursos públicos a ojos de todos y los ejemplos son claros recientemente se inauguró el Tribunal Laboral “Itinerante del Primer Distrito Judicial”(que se supone era para acercar la justicia a comunidades alejadas), pero resulta que lejos de ser como su nombre lo dice “itinerante” se le dio una sede fija en Jiutepec, donde se desconoce si se paga renta, es propiedad del poder judicial o a quien pertenece el lugar.
El presidente del TSJ Morelos Luis Jorge Gamboa Olea tendría que vigilar el buen uso de los recursos pero esta situación generó dudas e inquietudes dentro del poder judicial.
En el Congreso del Estado aunque se esta proponiendo menos dinero para el poder judicial en 2025, se esta buscando más de los 916 millones que obtuvieron este año.
Pero los propios trabajadores del poder judicial advierten a los diputados de estos derroches y opacidades que ocurren.
Otro ejemplo es la asignación de nuevas instalaciones al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial, cuya extinción estaba programada para ser discutida en la última convocatoria a sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia pero algo ocurrió y lejos de desaparecer sigue operando.
El 23 de octubre, se había convocado una sesión extraordinaria del Pleno con el fin de discutir el acuerdo sobre la reorganización de los juzgados menores, que incluía la extinción del Juzgado Menor Mixto de Jiutepec. No obstante, la sesión no se celebró, dejando pendientes decisiones clave en torno a esa reorganización. A pesar de esto, se avanzó con la asignación de nuevas instalaciones al mencionado juzgado, generando dudas sobre la legalidad y legitimidad de la medida, dado que la extinción aún estaba en la agenda pendiente del Pleno.
A estos cuestionamientos se suman los gastos asociados a la inauguración y mantenimiento de las nuevas instalaciones. Si bien las autoridades no han aclarado si estos espacios son de propiedad del Poder Judicial o si se trata de arrendamientos, la remodelación de los mismos ha generado interrogantes sobre la asignación de recursos y su justificación.
Lo que agrava aún más la situación es que estos costos se suman a los gastos para encender el árbol de Navidad en la explanada del Tribunal, el alumbrado navideño en todo el edificio y los festejos decembrinos.
Por eso en Morelos el derroche y la opacidad en el manejo de los recursos en el poder judicial continúan sin que nadie pueda pararlos.
