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La reforma político electoral que fue aprobada por el Congreso de la Unión y ratificada por el Congreso de Morelos ayer, es considerada un retroceso en materia electoral porque ordena la desaparición de los órganos encargados de organizar las elecciones en los estados como lo es el Instituto Estatal Electoral (IEE) y de quienes validan la elección como el Tribunal Estatal Electoral (TEEM) y centraliza la organización de esta justa cívica de participación democrática.
El magistrado del Tribunal Estatal Electoral, Carlos Alberto Puig Hernández, explicó que fueron modificaciones al 106 constitucional en su fracción cuarta una vez que esté aprobada en su totalidad la reforma los titulares de los órganos electorales locales serán designados por el consejo general del Instituto Nacional de Elecciones (INE) el cual sustituye al IFE.
Las reformas que realizaron en el Congreso de la Unión se trata prácticamente de un retroceso y centraliza las decisiones y organización de las elecciones como sucedía hace varios años atrás, además se está experimentado sobre cómo funcionarán las cosas cuando ya estaba comprobado que el IFE y los órganos electorales de los estados eran capaces de organizar y calificar una elección.
Para el nombramiento de los magistrados electorales corresponderá al Senado de la República decidir quiénes serán designados, previo a emitir una convocatoria, pero hay un artículo transitorio que advierte que los integrantes de los órganos electorales locales tendrán que ser sustituidos antes de que comience el proceso electoral siguiente que tiene como fecha el próximo 30 de abril.
En los próximos días en el Congreso de la Unión se tendrán que aprobar las leyes de los Partidos políticos, la ley de procesos electorales y la ley de delitos electorales donde estarán las reglas para los cambios en los órganos locales electorales.
“Nosotros no estamos de acuerdo con un sistema centralista que afecta la soberanía de los estados. Definitivamente respetamos la decisión que tomaron los diputados y los senadores que son los encargados de reformar la Constitución junto con los congresos locales, si lo aprueban lo tendremos que acatar pero es un sistema autoritario porque cada estado tiene sus propias particularidades y no le dan la oportunidad al estado de nombrar sus consejeros y magistrados; ahora los riesgos es que no haya autoridades constituidas nombradas o que los nuevos que llegan no están debidamente capacitados y que los procesos electorales corran riesgos y no se respete el voto de los ciudadanos, esta reforma hace a un lado toda la experiencia que ya se tenía en elecciones” finalizó.
