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En México persisten la impunidad y violación a los derechos humanos pese a que el presidente Enrique Peña Nieto anunció, al inicio de su gobierno, cambios para avanzar en esos temas, concluyó la organización internacional Human Rights Watch (HRW).
En el capítulo sobre México de su informe anual, HRW recuerda que al asumir la Presidencia, Peña Nieto reconoció los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en el marco de la llamada «guerra contra el narcotráfico», así como la «grave crisis humanitaria» que significaban las 26 mil personas con reporte de desaparición o extravío.
Sin embargo, subraya HRW, la administración peñanietista «ha obtenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada».
HRW sostiene que «integrantes de las fuerzas de seguridad continúan perpetrando desapariciones durante el gobierno de Peña Nieto, en algunos casos en colaboración directa con organizaciones delictivas».
Señala además que «es común» que policías y agentes del Ministerio Público no investiguen a fondo las desapariciones, o que culpen a las víctimas. Y destaca que aún no se integra una base de datos nacional de personas desaparecidas ni de los restos hallados en fosas clandestinas.
En su informe, la organización afirma que «el sistema de justicia militar, que no opera con objetividad, continúa siendo el ámbito donde se juzga a militares acusados de violaciones de derechos humanos, y se asegura así su impunidad».
Al respecto, refiere que entre diciembre de 2006 y mediados de septiembre de 2013 la CNDH recibió 8 mil 150 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército y emitió recomendaciones sobre 116 casos.
En tanto, entre enero de 2007 y mediados de 2013 la Procuraduría General de Justicia Militar inició más de 5 mil 600 investigaciones de presuntos abusos cometidos por soldados contra civiles, pero hasta octubre de 2012 solo había condenado a 38 militares.
Human Rights Watch advierte también que el sistema de justicia mexicano «no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos», debido a la corrupción, capacitación y recursos insuficientes.
En este tema destaca la promulgación, en enero de 2013, de la Ley General de Víctimas, la cual, sin embargo, se ha aplicado débilmente.
En materia de arraigo, alerta que éste permiten que personas presuntamente implicadas en delitos penales sean detenidas durante períodos de 80 días sin ser consignadas.
Fuente: Milenio
