El Estado mexicano debe garantizar el estricto respeto a los derechos humanos, que tenga como consecuencia instituciones justas a favor de la sociedad, coincidieron especialistas y representantes de organismos civiles, durante su participación en el tercer panel denominado “Delitos y Violaciones Graves a los Derechos Humanos”, del Foro Internacional de Derechos Humanos, México 2014.
Al abordar temas como los derechos de las víctimas, trata de personas, violencia de género y feminicidios, así como desaparición forzada y tortura, las panelistas coincidieron en que es el respeto y promoción de los derechos fundamentales de las personas, es la base para contrarrestar la desigualdad y la violencia.
“La violencia de género se asienta en condiciones de desigualdad y discriminación, y se expresa así en la práctica” dijo la socióloga nicaragüense, Isabel Torres García, integrante del Roster de Especialistas para América Latina del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Dijo que resulta necesario establecer una legislación específica, acompañada de políticas públicas integrales con una perspectiva social y de seguridad ciudadana.
Torres García, refirió que la violencia hacia las mujeres es en realidad un síntoma y no una enfermedad, por ello, señaló que las mujeres sólo tendrán acceso a la justicia cuando se construya entre el Estado y la sociedad, un concepto de verdadera equidad.
Con una nutrida asistencia al salón magistral del Centro de Convenciones WTC Morelos, la presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal, María Olga Noriega, dijo que entre los retos de este organismo, está el lograr que el Estado pueda poder garantizar a las victimas el debido proceso.
Por ello, en un estricto sentido etimológico de la Ley General de Atención a Víctimas, es indispensable cambiar la cultura de la ilegalidad para prevenir, combatir, y erradicar la violación de derechos fundamentales de las víctimas del delito.
En su exposición, María Elena Morera Mitre, presidenta de “Causa en Común”, puso énfasis en la necesidad de combatir a la corrupción y la impunidad, como factor obstructor del cumplimiento de la ley ante delitos como el secuestro, que se cometen, a diferencia de otros ilícitos, sólo por avaricia.
La presidenta de “Causa en Común”, indicó que la participación de la sociedad resulta fundamental en el tema de prevención, por lo que es necesario escalar en la atención, que tanto autoridades como ciudadanos deben poner en un tema que se ha ido transmutado en su “modus operandi”.
En este panel, Paloma Soria Montañez, Abogada Senior de Womens’link World Wide, habló sobre el delitos de trata de personas, aclarando que es urgente acabar con estereotipos plasmados por la propia sociedad y evitar así la doble victimización, que, de manera constante es infringida por la propia autoridad.
Planteó que mediante un enfoque de estricto respeto a los derechos humanos, es necesario que el Estado ofrezca mayores garantías a las personas para evitar ser víctimas de este delito, en particular, brindar mayores medidas preventivas en infantes y jóvenes.
Almudena Bernabéu, Abogada Internacional y Directora del Programa de Justicia Internacional, Center for Justice and Accountability, enfatizó la necesidad de un mayor compromiso por parte de la autoridad, para atender el delito de la desaparición forzada de forma regional, donde se haga valer el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida.
La desaparición forzada, finalizó, es un delito continuado y una permanente violación de los derechos humanos. Subrayó la importancia de hacer valer instrumentos como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
El panel “Delitos y Violaciones Graves a los Derechos Humanos”, fue moderado por el Secretario Ejecutivo del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social, Antonio Sandoval Tajonar.