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Los uruguayos podrán adquirir hasta 10 gramos semanales de mariguana en farmacias y el Estado licitará un máximo de seis licencias para producir cannabis al por mayor con vistas a satisfacer la demanda interna, dijo el jueves una fuente del Gobierno.
Estos detalles estarán incluidos en una esperada reglamentación, que será anunciada en los próximos días, para que entre en vigor la ley aprobada en diciembre que convirtió al pequeño país sudamericano en el primero en intentar regular la producción y el comercio de mariguana.
Con unos 10 gramos de mariguana pueden armarse alrededor de 20 cigarrillos.
La normativa, promovida por el mandatario uruguayo para hacer frente al narcotráfico, también avala el autocultivo de hasta seis plantas para consumo con fines recreativos y la conformación de clubes de membresía con hasta 45 miembros y un máximo de 99 plantas.
En ningún caso la producción para autoconsumo podrá ser vendida en farmacias, que comercializarán mariguana cultivada por productores privados bajo permiso del Estado.
La cantidad de especies será limitada y se establecerán exigencias de calidad.
El Gobierno baraja la posibilidad de que el cultivo de mariguana para farmacias se lleve a cabo en un predio militar con custodia de las Fuerzas Armadas. Entre 10 y 20 hectáreas serían suficientes para abastecer la demanda interna, según cálculos oficiales preliminares que no dieron cuenta de cuánta mariguana hará falta producir.
Las autoridades habían estimado un precio de 1 dólar por gramo para competir con la mariguana paraguaya que inunda el mercado negro a un valor similar.
En Uruguay, un país de 3.3 millones de habitantes, unas 20 mil personas consumen mariguana diariamente y casi 200 mil lo hacen al menos una vez al año, de acuerdo con datos del Gobierno.
La mayoría de la opinión pública no está de acuerdo con la nueva ley, aunque prefiere ponerla en práctica para ver los resultados antes que derogarla, según una encuesta de la consultora Cifra publicada el jueves por el semanario Búsqueda.
Mientras un 64 por ciento de los encuestados está en desacuerdo con la normativa, un 27 por ciento la apoya. Sin embargo, un 51 por ciento quiere ver si funciona contra un 46 por ciento que preferiría que no se ponga en práctica.
