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“Morelos es un ejemplo de que estamos caminando en la dirección correcta, es mejor reconstruir fundados en el estado de derecho”, dijo el gobernador Graco Ramírez en el marco de la Apertura del Tribunal para el tratamiento de Adicciones en Morelos (T.T.A.).
Al atestiguar la firma del convenio de colaboración y carta de intención, el mandatario estatal hizo un reconocimiento a la convicción mostrada por el Poder Judicial en Morelos para fortalecer el estado de derecho y garantizar la aplicación del debido proceso.
En el 26 por ciento de los procesos por delitos relacionados con las drogas, los vinculados son jóvenes; por ello, se requiere un tratamiento integral, ya que el 50 por ciento de la población penitenciaria está conformada por primo delincuentes, lo que implica un reto en materia de prevención del delito, explicó Graco Ramírez.
Subrayó que en el gobierno de la Nueva Visión se trabaja para lograr abatir estos índices, que además se traducen en un gasto de 350 mil pesos anuales por cada persona en reclusión, mientras que rehabilitar a una persona requiere de una inversión menor a los 60 mil pesos.
Al respecto, Nadia luz María Lara Chávez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, mencionó que en el marco de un constante evaluación de estrategias, es evidente que el tema de las adicciones no sólo compete al sector salud, en su vinculación con la justicia penal.
“En Morelos se vive en un estado de leyes, en cual las instituciones se traducen en el mayor y el mejor de los esfuerzos estratégicos, en Morelos tenemos la voluntad de hacer frente a este reto, en este estado democrático, gobierno, instituciones educativas, organizaciones civiles y autoridades, somos corresponsables de la construcción de mejores esquemas estructurales”, añadió.
Guillermo Tenorio Antiga, director de Participación Ciudadana para prevenir la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Gobernación, enfatizó que el objetivo de este tipo de tribunales es poder brindar alternativas de rehabilitación, para que de esta forma se pueda lograr la reinserción social, siguiendo un proceso de rehabilitación en centros especializados.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, Paul Simons, destacó que los tribunales para el tratamiento de adicciones comprenden claramente el vínculo entre la justicia y la salud pública.
Por ello, reconoció el esfuerzo que se hace en Morelos para ponderar esta clara relación, cuyo modelo tiene una eficacia probada en términos de la disminución de la reincidencia delictiva, la reducción de abuso de sustancias adictivas, y de los costos que representa esta situación tanto para el gobierno como a la sociedad.
Sobre esta nueva visión de atender y a hacer frente a la problemática planteada, el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Fernando Cano Valle, enfatizó la necesidad de atender este tema con un enfoque de salud pública y no criminal; y comentó que en México, existen tan sólo 2 mil 500 unidades para atender a personas con problemas de adicción y consumo de drogas.
María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, destacó que Morelos se coloca a la vanguardia en la implementación y actualización de este sistema, refrendando el compromiso de sus autoridades de dirigir este tema hacia prácticas vigentes en países con mayor desarrollo.
