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Como resultado de la efectividad en las labores de investigación en relación al delito de trata de personas y mediante operativo en coordinación con autoridades de la Policía Federal, del Ejército Mexicano, agentes de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional Oriente, lograron el rescate y liberación de 15 mujeres que eran explotadas laboral y sexualmente en distintos bares del municipio de Axochiapan,
siendo asegurados los encargados de dichos establecimientos.
Lo anterior, en respuesta a las órdenes de cateo concedidas por el Juzgado de Control y Juicio Oral del Tercer Distrito Judicial
En la primera acción, los agentes investigadores arribaron al inmueble, con razón social “Bar Tabares”, ubicado sobre la carretera local Axochiapan-Atlacahualoya, colonia Guadalupana, del municipio de Axochiapan, lugar donde fueron liberadas tres mujeres mayores de edad, a las que se les tenía ofreciendo un servicio sexual.
De igual manera, en ese lugar fueron asegurados Carlos “N” y Petra “N”, quienes dijeron ser encargados de dicho establecimiento.
Continuando con la diligencia, se cateo un segundo inmueble contiguo al anterior, denominado “El Éxtasis”, lugar en el que se liberó a 11 mujeres, además del aseguramiento de Marco Antonio “N”.
Por último, los elementos policiales de esta institución se trasladaron a la carretera Axochiapan- Izúcar de Matamoros de la colonia Progreso, de Axochiapan, específicamente al establecimiento con razón social “Las Sobrinas”, donde se detuvo a Armando “N” y Bernardo “N”, encargados de este inmueble.
Cabe señalar que conforme a las primeras indagatorias, se sabe que las mujeres víctimas de trata de personas habrían sido traídas de otras entidades federativas, como Tlaxacala, Oaxaca y Puebla, a Morelos mediante engaños con el argumento de que trabajarían como edecanes.
Por lo anterior, las agraviadas fueron trasladadas a esta institución a fin de rendir su declaración, en tanto que los ahora imputados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional Oriente por su presunta responsabilidad penal en los delitos de trata de personas y lenocinio, instancia que determinará su situación jurídica.
