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Este viernes la Fiscalía General informó que el líder Estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores, Empleados, Chóferes, Transportistas y Obreros de la Construcción (SINATREC), Luis Alejo Rosales, fue vinculado a proceso penal, por el Juez de Justicia Oral por el delito de secuestro simple y no agravado como lo pretendía inicialmente, cometido en agravio de un funcionario de la subsecretaría de Gobierno.
Esto luego de que el Ministerio Público presentará alegatos contundentes, por lo que además la justicia oral ordenó que el imputado deberá permanecer en prisión preventiva y estableció mes y medio para el cierre de las investigaciones.
En torno a la imputación que se hace a Luis Alejo, se destacó que el pasado 30 de julio año en curso, la víctima, junto con otras personas, se encontraban en un evento en la planta tratadora de aguas residuales del municipio de Jonacatepec, lugar a donde un grupo de manifestantes llegaron a exigir la presencia del mandatario estatal, además de ser tomados en cuenta para los trabajos de construcción de la autopista Siglo XXI y en los proyectos de infraestructura del Gobierno del Estado.
Pero al ser atendidos por personal de la subsecretaría de Gobierno se inconformaron y rodearon a las víctimas, amenazándolos con lincharlos y no dejarlos ir hasta que les dieran una solución; sin importarles que una de las ofendidas se encontraba en estado de gravidez.
La Fiscalía reiteró que el imputado-Luis Alejo- era quien se dirigía directamente a los funcionarios y daba instrucciones a los inconformes de lo que debían hacer. Inclusive hicieron que se comprometieran con un notario público para acordar una cita con el mandatario estatal.
Por estos hechos el probable responsable fue aprehendido, el pasado domingo en pleno centro de la ciudad capital y puesto a disposición de la autoridad correspondiente, y ahora enfrenta un proceso penal por el delito de secuestro simple y no agravado como lo pretendía la Fiscalía General.
En este contexto se aseguró que “La Fiscalía General del Estado, reafirma su compromiso de actuar en el marco de la legalidad en los casos que se requiera y/o cuando se cometa un hecho ilícito”.
Todo ello en medio de las severas críticas y señalamientos de los miembros de la organización sindical, quienes acusan a la administración gubernamental de “criminalizar la lucha sindical.
