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Esta mañana, el Consejo Estatal de Abogados a través del representante Héctor Vargas lamentó que los legisladores designaron con acuerdos tomados por “debajo de la mesa” a Guillermo Arroyo como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Abraham Romo como represente del poder legislativo ante el Consejo de la Judicatura.
Explicaron que en estos dos casos no se dio a conocer cual fue el procedimiento de selección a pesar de que hubo intención y registro de otros abogados morelenses por contender a ambos cargos pero los diputados con acuerdos políticos designaron a sus allegados sin ser sometidos a evaluación.
“Estamos cansados que estos cargos se designen como cuotas de poder de los diputados quienes no respetan la ley para un debido proceso ni por cuanto a la discriminación profesional sin el más mínimo respeto a la ley para una igualdad de circunstancias”,dijo.
Por ello, advirtieron que impugnarán las designaciones por la falta de un procedimiento legal con la intención de echar abajo los nombramientos.
Además pidieron que luego de la renuncia del fiscal morelense Rodrigo Dorantes, la asociación civil propuso a Rocío Carrillo Pérez como candidata a sucederlo en el cargo.
También como candidato como fiscal anticorrupción propusieron a Jaime Toscano.
