Aprueban Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos,

El pleno del Congreso aprobó anoche, por unanimidad, la nueva Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, que suplirá a la que está vigente desde el 14 de febrero de 1990 para solventar un rezago de 25 años y ajustarse a la puesta en marcha del Tribunal de Justicia Administrativa, derivado del Sistema Estatal Anticorrupción.

El ordenamiento aprobado consta de 11 Títulos, 182 Artículos y 6 Transitorios, y recoge las nuevas competencias para sancionar a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves o fincar a los responsables el pago de su indemnización y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal.
El propósito de la Ley es modernizar el marco jurídico con relación al que se venía aplicando y hacerlo acorde con los nuevos paradigmas de tutela judicial efectiva y de transparencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
El documento incorpora figuras jurídicas novedosas y trascendentes como son, entre otras, la tutela de los derechos humanos a la luz de las reformas constitucionales de junio de 2011, como el hecho de que el juicio de nulidad se instituya como un remedio procesal sencillo y eficaz para la defensa de los derechos de los particulares frente a los actos arbitrarios de las autoridades estatales o municipales o de sus organismos descentralizados.
Destaca que con los adelantos tecnológicos la respuesta de los juicios o procesos, así como las investigaciones requerirían de tiempos menores, además de la creación del Boletín electrónico como medio de comunicación oficial y el aviso de notificación mediante simple correo electrónico al quejoso o responsable.
El ordenamiento resultó de una iniciativa presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y de posteriores mesas de análisis y discusión en las que participaron los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el Colegio y la Asociación Estatal de Abogados, expertos en Derecho y catedráticos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), además de especialistas en administración, para generar una ley que sea efectiva y aplicable.
El diputado Enrique Laffitte Bretón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que elaboró el dictamen, manifestó su reconocimiento al diputado Carlos Alaniz por su iniciativa y destacó que no se trata de un documento hecho al vapor ni al capricho de los diputados, sino que es un conjunto que denota pluralidad de ideas y pensamientos.