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Las políticas públicas aplicadas desde hace años en materia de seguridad han dejado consecuencias devastadoras en números de personas desaparecidas, desplazadas o asesinadas. Si bien, México es un país que promueve los derechos humanos en los espacios internacionales, internamente, se caracteriza por una violación sistemática de estos mismos derechos. La impunidad y la corrupción son la regla, no la excepción.
Uno de los elementos históricos que ha caracterizado a México ha sido la discriminación, que se agrava cada vez más con el incremento de la pobreza.
La criminalización de la protesta social y el uso de la violencia en contra de las comunidades y pueblos que exigen el respeto de sus derechos, como expresiones del ejercicio abusivo del poder en la defensa de un proyecto económico que no favorece a la mayoría de la población.
Se ha incrementado la represión en contra de los procesos comunitarios, organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, activistas, para acallar las voces de quienes han manifestado abiertamente su repudio a proyectos que solo benefician a los empresarios.
La situación de las mujeres, niñas, niños y jóvenes es grave especialmente, porque no tienen acceso a los servicios básicos de salud, de educación, vivienda adecuada o alimentación. En México las mujeres continúan muriendo por problemas relacionados con salud sexual y reproductiva, miles de mujeres no tienen acceso a servicios básicos de salud.
Las violaciones a los derechos humanos de las mujeres indígenas más frecuentes son la violencia física y sexual, abuso de poder, violencia sexual a niñas y niños, embarazos no deseados por violación a adolescentes.
El feminicidio en México es un grave atentado a los derechos de las mujeres.
Diariamente ocurren 7 muertes violentas de mujeres en el país y la inmensa mayoría se mantienen en la impunidad.
Es necesario mencionar que el clima de violencia y de impunidad que vive México, ha afectado también la labor de quienes defendemos los derechos humanos. Las amenazas y la intimidación, los robos a oficinas y allanamientos, la vigilancia, los ataques físicos, así como los asesinatos, son algunas de las situaciones que defensores y defensoras de derechos humanos han tenido que enfrentar a causa de su trabajo. Las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan además riesgos particulares por la violencia patriarcal al luchar por cambiar los roles y estereotipos de género que las oprime y violenta. Si bien existe en el país un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, la impunidad en los casos de ataques a personas defensoras continua siendo muy alta. Las defensoras continúan siendo agredidas, así como los líderes comunitarios que se oponen en su lucha por la defensa de su tierra y territorio, o víctimas de violaciones a derechos humanos quienes exigen justicia.
En este año podemos hablar de avances importantes logrados por las acciones colectivas de los movimientos de sociales, de derechos humanos y sindicales como la declaratoria para establecer la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios del Estado de México y para 8 del Estado de Morelos, y hemos exigimos se apliquen medidas de esta naturaleza en todo el país para salvaguardar la vida, la libertad y seguridad de las mujeres. En materia de justicia, a pesar de que se han dado pasos importantes para el cambio al sistema oral, las instituciones de administración y procuración de justicia continúan siendo débiles, incapaces de impartir justicia de manera oportuna, y se caracterizan por un alto índice de impunidad y de corrupción. Un ejemplo de lo anterior, es el de la recurrente práctica de la tortura, que continua siendo sistemática y generalizada en el país.
Sobre las desapariciones, es importante destacar los avances logrados en esta materia en Morelos y es la aprobación de la Ley Para Prevenir, Investigar y Erradicar la Desaparición Forzada aún tenemos la exigencia de que el Gobierno de Morelos lleve a cabo la instalación del Mecanismo de Búsqueda y localización de las personas desaparecidas, tal como lo establece la ley Para Prevenir, Investigar y Erradicar la Desaparición Forzada en Morelos, aprobada por la Legislatura anterior, mismo que debió haberse creado 60 días posteriormente a su publicación en el Periódico oficial “Tierra y Libertad” el día 2 de septiembre de 2015. Este mecanismo es fundamental para buscar y localizar a los 83 desaparecidos en los dos últimos años y a los cientos que se acumulan desde el 16 de diciembre de 1988 con la desaparición de José Ramón García Gómez La tarea de defender los derechos humanos en México sigue siendo vital, permanente y estratégica en la construcción de una sociedad con justicia social, democrática y con respeto para todas y todos.
Este 2015 hemos logrado grandes avances sin embargo aún no hemos logrado todo lo que como sociedad tenemos derecho, por lo que 2016 abre nuevos retos y desafíos para saldar esas deudas pendientes en el respeto a los derechos humanos.
