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El 3 de Septiembre de 2013 el gobernador del estado Graco Ramírez entregó una casa al juez Baltasar Garzón localizada en subida a Chalma de Cuernavaca con la intención de que en ese lugar operara la fundación “Baltasar Garzón” sin que se explicará cómo es que se adquirió la propiedad ni las actividades que realizaría. Por ello, ahora el periodista y activista Javier Sicilia pide que esa casa se convierta en sede de la Comisión Estatal de Atención de Víctimas.
Angélica Rodríguez Monroy comisionada integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas explicó que después de que denunciaron que no tenían un espacio físico para trabajar con 40 casos de víctimas en Morelos pues a veces lo hacía en oficinas prestadas en Iguala 100 de la colonia Vista Hermosa, otras en el jardín, otras en una bodega o un restaurante finalmente el gobernador del estado rentó un inmueble localizado sobre la calle de Galeana del centro de Cuernavaca donde desde hace dos meses se paga la renta pero no pueden despachar ahí porque no hay las condiciones y se han hecho varios trámites “burocráticos” como lo es “tornillos para escritorios”.
Por esta razón se siguen viendo en la necesidad de despachar en donde pueden para atender a víctimas o sus familias pues el presupuesto que se les dio para este año de 4 millones 300 mil pesos que se tuvieron que ampliar para pagar sueldos y salarios.
Ante ello, el poeta y escritor Javier Sicilia quien fue promotor de la Ley de Victimas cuestionó que ocurrió con la casa que se le dio a la fundación “Baltazar Garzón” por parte del gobernador. Pues quienes visitaron esta casa señalan que solo había dos personas sin líneas telefónicas y la mayor parte del tiempo estaban en la ciudad de México.
La casa que al arecer fue producto de un aseguramiento al crimen organizado fue otorgada al Juez Baltazar Garzón el 3 de septiembre de 2013 como señala el comunicado B-1734 del gobierno del estado que señala que “El gobernador Graco Ramírez refrendó la convicción del Gobierno de la Nueva Visión en la defensa y promoción del respeto los derechos humanos, en el marco de una participación más activa de una sociedad de derechos, tal como ha sido la postura de esta administración. Así lo aseguró al inaugurar en Cuernavaca la sede de la Fundación “Baltasar Garzón, Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal” (FIBGAR), con carácter privado social sin fines de lucro, aportar las herramientas para la promoción de actividades de investigación y formación de la cultura de los derechos humanos, en defensa de los derechos de víctimas del delito.
“La fundación Baltazar Garzón cobró muy caro por hacer esa ley y no ha hecho nada por darle un seguimiento esa casa le debe pertenecer a la comisión para que se pueda atender a las victimas entonces ahí hay una serie de agravios por parte del gobernador que no podemos permitir” dijo Javier Sicilia.
