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Claudia Marino
Ramiro Pérez Montes, ex coordinador de asuntos migratorios fue quien lidereó la iniciativa de realizar una protesta en las instalaciones del palacio municipal en demanda a la reinstalación de siete trabajadores, incluido él, por señalar que han sido despedidos injustificadamente bajo el argumento de que hay exceso de personal, sin embargo, Pérez Montes, afirmó que al ser despedidos, ya fueron contratadas otras personas que no son ni siquiera del municipio, para asumir los cargos que se quedaron vacíos.
Asimismo, señalaron a Boris Alán Burgos, coordinador de Recursos Humanos como un funcionario que está violentando los derechos laborales de los trabajadores, junto con el presidente municipal, porque ni siquiera les ofrecieron finiquito alguno por sus servicios, de tal manera que solicitaron también la destitución de Boris Alan y del secretario general Eduardo Morales Órfaly, este último por no ser vecino de Tlaquiltenango, con lo cual señalaron “se está violando el artículo ocho, apartado A, fracción I, de la ley orgánica municipal del estado”.
Ramiro Pérez, fue apoyado por líderes de comunidades, ayudantes municipales y comisariados ejidales, que se reunieron en asamblea el sábado pasado en la ex Hacienda de Ixtoluca para abordar diversos temas de donde salieron acuerdos para ser exigidos al presidente y cabildo de Tlaquiltenango como es la re instalación de estos siete ex trabajadores que apoyaron en campaña a Jorge Martínez Urioso; el aumento del apoyo quincenal que reciben los ayudantes municipales porque ya no les alcanza y la salida de los funcionarios antes mencionados. Una comisión entregó el documento de petición y exigencia al presidente municipal y su cabildo; dándoles una hora para dar contestación al mismo, en caso de no tener respuesta, tomarán otras acciones, que prefirieron no adelantar.
