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El Congreso de Morelos aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) del Gobierno Federal, su intervención para revisar el debido proceso judicial del migrante morelense Víctor Manuel Miranda Guerrero, quien se encuentra sentenciado a pena de muerte por la Corte del estado de California, en Estados Unidos de América.
El acuerdo fue propuesto por la diputada Leticia Beltrán Caballero, presidenta de la Comisión de Migración del Congreso del Estado, quien indicó la necesidad de descartar la violación de derechos fundamentales del connacional.
Aseguró que, según el dicho del hoy sentenciado y de los testigos del caso, el 27 de noviembre de 1999 Miranda Guerrero caminada rumbo a su trabajo con un amigo y en el camino ambos encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, quien en vida respondía al nombre de Bridgett Elizabeth Ballas, a quien decidió auxiliarla, colocándose de manera accidental en el lugar de los hechos.
Agregó que seis meses después, en junio del año 2000, fue detenido por la policía, acusado de robo, violación y homicidio de la mujer antes mencionada, sin pruebas ni testigos que lo responsabilizaran del hecho, declarándose inocente de todo delito imputado y ofreciendo testigos que pueden comprobar su dicho.
La diputada Leticia Beltrán recalcó que, durante todo este proceso, el imputado no contó con traductor ni apoyo por parte de las autoridades del Consulado Mexicano, debido a que la notificación de su proceso fue tardía, lo que claramente violenta los derechos fundamentales que todo ser humano tiene en cualquier país que pertenezca a la Organización de las Naciones Unidas.
Ante esta situación, Victor Manuel Miranda fue sentenciado a la pena capital en agosto del 2003 y trasladado al Penal Estatal de San Quintín, California, en donde actualmente se encuentra purgando su pena, al no poder demostrar la inocencia.
Por ello, propuso a los legisladores de Morelos un acuerdo para solicitar a las autoridades correspondientes a revisar minuciosamente que en el proceso judicial en contra de Miranda Guerrero no exista violación alguna de derechos humanos.
Además, el acuerdo pide designar a un experto en la materia con la finalidad de inconformarse y recurrir a los tribunales de Alzada, en caso de existir violación de derechos fundamentales del migrante morelense.
