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José Raúl González Velázquez, ex Notario 1 de Cuernavaca, acusó que es víctima de persecución política por parte del Gobierno de Graco Ramírez.
“Siento que estoy viviendo una persecución política, en la cual temo por la seguridad de mis hijos, de mi esposa y la mía propia y de las cuales desde ahorita responsabilizo a las autoridades que han ordenado este tipo de acciones en mi contra, no obstante que se están combatiendo en los tribunales federales”, dijo González Velázquez en entrevista con reporteros.
En medio del proceso electoral, el 12 de mayo de 2015 el Gobierno del Estado realizó una supervisión a la Notaria de González Velázquez, luego de que se diera a conocer que el Notario había escriturado una casa a la entonces candidata priista a la alcaldía de Cuernavaca, Maricela Velázquez Sánchez.
En la revisión el Gobierno del Estado cuestionó el motivo por el que González ocupaba la Notaria 1 de Cuernavaca, cuando su patente establecía que él era notario de Temixco.
“Ese día tomaron como pretexto para decirme por qué me encontraba yo como notario de Cuernavaca, entonces yo exhibí mi patente de notario que me acreditaba en la octava demarcación notarial de Temixco y el acuerdo por el cual el 1 de febrero de 2006 en una reubicación que se originó como consecuencia de cambiar a la licenciada Marinela Gándara Vázquez de la Notaria 1 de Tetecala a mi notaria, me cambiaron a mí a la Notaria que estaba vacante en Cuernavaca, era un cambio pedido por ella y que le concedieron mandarla en mi lugar a Temixco, y a mí me mandaron allá.
“Es decir, no fue una situación que yo hubiera hecho de motu propio y que yo me hubiera venido, hubiera tomado mis cosas y me hubiera venido a Cuernavaca”, contó el ex Notario.
Con ese argumento, el Ejecutivo estatal inició un proceso en contra del Notario para separarlo del cargo, por lo que inició su defensa legal, consiguiendo un amparo que el Gobierno de Graco Ramírez impugnó.
En medio del pleito legal, el viernes la Policía de Mando Único irrumpió en la Notaria y funcionarios de la Secretaría de gobierno sustrajeron los libros notariales, presuntamente sin orden judicial.
“El día viernes de este mes no me encontraba yo presente en la ciudad, fui informado por mi esposa de que se estaba realizando un operativo afuera de las instalaciones de lo que fue mi oficina (LIGAR) parecía que perseguían al más grande o importante de los criminales de este País”, dijo el Notario.
En el operativo, los funcionarios del Ejecutivo estatal no exhibieron orden de cateo.
“Rompieron las chapas, las cerraduras e incluso la puerta de acceso al inmueble y una vez hecho eso se introdujeron al mismo, yo no sé, repito, si llevaban una orden y la autorización de poder tirar y usar la fuerza pública y tirar y romper cerraduras y todo porque hasta donde llegan mis conocimientos como abogado eso solo lo puede hacer la autoridad judicial en términos de los artículos 14 y 16 constitucionales”, dijo el ex Notario.
Aunque el proceso en su contra inició en la contienda electoral de 2015 por la escrituración de una casa a favor de la candidata priista a la Presidencia municipal de Cuernavaca, el ex Notario ve como causa de la persecución el hecho de ser hermano del ex Auditor Superior del Estado, Luis Manuel González Velázquez, quien dio a conocer que una auditoria realizada al manejo que el Ejecutivo del Estado dio a un crédito de 2 mil 800 millones de pesos arrojó desvíos de recursos.
“Supongo, porque no tengo con qué probarlo, por el hecho de que le licenciado Luis Manuel González Velázquez era el Auditor Superior de la Auditoria Fiscal del Estado (LIGAR) no niego que sea mi hermano, tenemos una relación muy distante y eso es del conocimiento público en esta ciudad y en este estado, pero no la he hecho yo, pero yo la estoy pagando, por eso creo que es una persecución política del gobierno y del Colegio de Notarios en mi contra”, dijo.
En 2015 se dio a conocer un pliego preliminar de observaciones en el que se destacaba que existían irregularidades por más de 800 millones de pesos por el pago de obras de la anterior Administración estatal, así como el pago de gasto corriente a trabajadores del sector educativo, e irregularidades en la construcción del estadio “Agustín Coruco Díaz”, todo esto con recursos del crédito millonario.
Sin embargo, en el último periodo de sesiones de la pasada Legislatura, una reforma constitucional desapareció a Auditoría Superior de Fiscalización.
En su lugar fue crea la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, a cargo del perredista Vicente Loredo Méndez, quien “retomó” la auditoría al crédito otorgado a Graco Ramírez.
