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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena el asesinato del periodista
sinaloense Javier Valdez Cárdenas, periodista del semanario Ríodoce de Culiacán, Sinaloa y
corresponsal del periódico La Jornada. Asimismo, externa su solidaridad con la familia del
periodista y sus compañeros de profesión, así como con los trabajadores y directivos de ambos
medios informativos.
Para el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, el homicidio de Javier Valdez
Cárdenas es un hecho inaceptable y reprobable, que lastima a la sociedad mexicana en su
conjunto, afectando la libertad de expresión y al corazón mismo de la democracia mexicana.
Este Organismo Nacional ha enviado a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, visitadores adjuntos,
encabezados por el titular del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de
Derechos Humanos, para sostener reuniones con los familiares y colegas de Javier Valdez
Cárdenas, así como con autoridades municipales y estatales de aquella entidad.
La CNDH solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno realizar una investigación
de manera exhaustiva y expedita para que este asesinato no quede impune, y para que
implementen las medidas cautelares necesarias para proteger a la familia de Javier Valdez
Cárdenas.
Con tales medidas se busca salvaguardar la integridad física de los familiares de la víctima y
de los colaboradores del semanario Ríodoce, las cuales fueron solicitadas por esta Comisión
Nacional a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, así como para que
también se les brinden medidas de contención emocional.
Tal solicitud se formuló al cumplirse los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del
daño, y tiene su fundamento en lo dispuesto en el artículo 17, fracciones I y II del Reglamento
Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, así como en los artículos 3, 6,
fracción II y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 116, 117 y 118
de su Reglamento Interno.
La CNDH reitera su preocupación por la falta de mecanismos de prevención por parte de la
autoridad, para evitar homicidios que buscan inhibir el ejercicio profesional del periodismo.
Esta Comisión Nacional subraya que aun cuando las agresiones a periodistas no provengan
de servidores públicos, sino de particulares, el Estado mexicano no está exento de su
obligación de investigar de manera exhaustiva el origen de las mismas.
Los agravios a periodistas que no se atienden hasta su esclarecimiento total, reparación
integral del daño a la víctima y castigo a los responsables, generan la reiteración de prácticas
criminales que lastiman y afectan la vida nacional en sus valores cívicos y democráticos; así
como la privación de vida de periodistas y defensores de derechos humanos.
De igual manera, este Organismo Nacional expresa su solidaridad con el periodista
independiente Fabián García Castrejón, que debió abandonar el estado de Nayarit con el
apoyo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, ante las amenazas de muerte recibidas, y quien es editor del periódico digital
Ámbitos Nayarit y reportero del portal Nayarit me gusta, ante el hostigamiento y amenazas de
servidores públicos como consecuencia de su trabajo informativo.
Esta Comisión Nacional manifiesta que es obligación de la autoridad poner fin al círculo
perverso que va desde las amenazas hasta el homicidio contra los periodistas, recorrido que
pasa por el miedo, la incertidumbre, la duda y en no pocas ocasiones la autocensura, sin olvidar
el cierre de medios informativos, el cambio de profesión de periodistas y el autodestierro o
movilidad forzada.
Para el Organismo Nacional, el crimen organizado y el abuso de poder constituyen una realidad
que frecuentemente golpea el ejercicio periodístico con el propósito de censurarlo, sumarlo a
fines y causas ajenas, así como inhibirlo, reprimirlo o castigarlo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitera la necesidad de que la
Recomendación General número 24, emitida por este Organismo Nacional sea atendida con
la oportunidad y de manera integral, al tiempo que refrenda su solidaridad con el gremio
periodístico y estará vigilante del proceder de las autoridades en cada caso.
