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“Prepárense porque miles de presos estarán de vuelta a las calles en los próximos días”, dijo la semana pasada el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. En una ciudad con graves problemas de seguridad, la advertencia sonó como una amenaza y la llegada del Armagedón delincuencial a la capital.
El político de izquierda no solo hablaba como alcalde de una de las ciudades más inseguras del país, sino en nombre de los gobernadores, convertidos en la punta de lanza contra el nuevo sistema penal.
Un año después de la entrada en vigor del nuevo código, el enfrentamiento entre la justicia y el Ejecutivo ha marcado su polémica implantación. El tema de la delincuencia en un país con un grave problema de violencia ha convocado un debate nacional.
En el fondo del asunto está el aumento, mes a mes, de las cifras de delitos. Según los 32 gobernadores, el nuevo Código Penal ha abierto las puertas de las cárceles a los detenidos gracias a un modelo que califican de “híper garantista”, que no contempla la prisión preventiva y que permite a los delincuentes de bajo impacto seguir su proceso judicial en libertad pese a ser detenidos in fraganti. “Mientras las cárceles se vacían, las calles se llenan de delincuentes”, resumen en voz baja.
La justicia reprocha a los gobernadores haber malversado durante años los millonarios fondos destinados para prepararse. Desde que en 2008, se aprobó su puesta en marcha progresiva en todo el territorio, que concluyó el año pasado, el Estado destinó casi 15.000 millones de pesos (827 millones de dólares) para construir salas orales y capacitar a la policía y al Ministerio Público en su trabajo pericial. Pero, pese a los ingentes recursos recibidos y los ocho años que tuvieron para hacerlo, nada de esto ha ocurrido.
“Policía de cuarta”
Según explica a EL PAÍS uno de los redactores del texto, “al juez le llegan continuamente casos con defectos en el peritaje, en la cadena de custodia o sin investigación ni trabajo de laboratorio. Ahora hay que demostrar que alguien es culpable y, no como en el sistema anterior, demostrar su inocencia”. Entre otros retos, ejemplifica este magistrado, “hay que convencer a un policía de que una confesión obtenida ante él —en consecuencia, sin abogado y que podría ser obtenida bajo tortura— ya no sirve».
Según el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) un 25% de los policías no sabe rellenar un informe policial y el 75% de los ministerios públicos falla gravemente en la recolección de evidencias.»Tenemos un sistema judicial de primer mundo que se apoya en una policía de cuarta”, resume el magistrado.
Según José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia,“[los gobernadores] no están haciendo autocrítica y echan la culpa a otros. Los jueces somos el último eslabón de la cadena judicial y parece que lo resuelto por el juez es lo único que está mal y que todo lo anterior está bien y eso es injusto e irresponsable”, explica.
Según el ministro, “mucha gente dijo que como era una reforma judicial se trataba de un asunto exclusivamente de los jueces, pero la reforma implica a muchos actores que debían aprender cosas nuevas y nadie pensó en eso. Se creyó que el sistema penal era cambiar a unos jueces, ponerles unas togas, darles salas de audiencia y que todo lo demás, por una extraña razón, se iría ajustando solo. Cosa que no ha sucedido”, lamenta Cossío en su despacho de la Corte.
La última decisión que han soliviantado a los gobernadores tienen que ver con la portación de armas, uno de los delitos que abarrotan las prisiones, considerado “no grave” en el Código Penal —lo que permite al detenido seguir su proceso en libertad— y la reciente decisión de la Suprema Corte de permitir a los presos condenados revisar su caso de acuerdo con el nuevo código, lo que les abriría la puerta de la calle.
“La delincuencia se está aprovechando de un sistema híper garantista y lo que queremos es un equilibrio entre los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas”, se quejó el lunes el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad (PRI). Los jueces responden que el nuevo modelo reemplaza la prisión preventiva para delitos “no graves” con métodos como el brazalete electrónico o el embargo de cuentas (sobre todo para delitos fiscales) o la prohibición de salir de una zona determinada, pero que poco de esto se ha contemplado.
Para Horacio Vite, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte, el actual modelo tardará más de 15 años en funcionar plenamente, pero amoldar el Código Penal a los vaivenes políticos sólo conseguirá desvirtuarlo sin atajar los problemas de fondo. “Si empezamos a meter más y más delitos graves a ese catálogo de prisión preventiva volveríamos al modelo anterior. Ahora es la posesión de armas, pero la próxima vez querrán introducir otros nuevos de alto impacto. El problema no está ahí sino en combatir a ese delito”, resume.
Desde el punto de vista de los Derechos Humanos, el abogado Juan Carlos Gutiérrez opina que Mancera está haciendo “populismo punitivo” pidiendo más penas que satisfagan las demandas de una sociedad que entra en un contexto electoral. “Las cárceles están llenas de gente inocente o condenada por delitos menores que sólo se perfeccionan dentro como delincuentes. Si continúa el anterior sistema volverán a repetirse sucesos como el de la cárcel de Acapulco la semana pasada”, dice el abogado, en referencia a un motín que dejó 29 muertos entre acusaciones de superpoblación y condiciones infrahumanas en su interior.
Información de El País
https://internacional.elpais.com/internacional/2017/07/11/mexico/1499804713_481146.html
