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Los pobladores de Sonora afectados por un derrame de residuos tóxicos en uno de sus principales afluentes siguen luchando por justicia. Hace tres años, al 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre –una de las más grandes del mundo– derramó 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora (al norte de México). El hecho fue calificado como el peor desastre ambiental provocado por la industria minera en México y el Gobierno federal, ante la presión ciudadana, obligó a Grupo México –el operador de la minera- a crear un fideicomiso de 150 millones de dólares para reparar el daño de los 22.000 afectados.
Una de las acciones más urgentes era abastecer de agua a los habitantes de las 24 comunidades repartidas en siete municipios que bordean el río afectado. En esa región los pobladores utilizan el agua del grifo para consumo humano y para sus actividades agrícolas y ganaderas. La compañía se comprometió a crear 36 plantas potabilizadoras, pero apenas hay una. Además, en abril pasado la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, anunció que éstas se habían reducido a nueve, lo que ha incrementado la molestia de los afectados.
A tres años del desastre ecológico, los pobladores siguen buscando la restitución de sus derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano. El martes, ciudadanos afectados por el derrame –agrupados en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS)-, anunciaron que ganaron un juicio de amparo con el que demuestran que dos pozos de la región presentaban contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Con esta resolución han demandado a las instituciones de salud estatales (Isssteson) y federales (Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social) por haber desatendido su salud.
Francisca García Enríquez, de 39 años, ha vivido toda su vida en Aconchi, un poblado de la región del río Sonora. Sus padres también nacieron ahí y su economía familiar se ha visto seriamente afectada tras el desastre ambiental. “Mi padre sembraba quelites, calabacitas, elotes y berros para autoconsumo y para intercambio comercial. En esta región se utiliza mucho intercambiar lo que sembramos entre pueblos. Nosotros sembrábamos maíz y el elote lo llevaban a otra comunidad, donde nos daban papá o camote, y eso ya no lo podemos hacer por la incertidumbre del grado de contaminación que hay en el agua”, dice la sonorense.
En estos tres años, los afectados que han sido acompañados legalmente por Poder –una organización que busca fomentar la transparencia de las empresas en América Latina– han presentado más de 12 amparos y acciones legales en contra de la empresa y las instancias de Gobierno involucradas, pero no han logrado el acceso pleno a la justicia y la reparación del daño. “El Gobierno mexicano ha mostrado poco o nulo interés en que Grupo México cumpla el compromiso de reparar los daños causados, y dejó en el abandono las acciones legales que se intentaron contra la empresa”, señaló la organización en un comunicado.
García Enríquez considera que tanto el Gobierno anterior de Guillero Padrés (PAN) y el acutal de Claudia Pavlovich (PRI) han sido omisos en sus exigencias a la federación y a Grupo México. «Este Gobierno estatal y los municipios han sido tibios para pedrile a la empresa que cumpla lo que prometieron: las plantas potabilizadoras y el monitoreo de nuestra salud», expone.
Otro de los compromisos del fideicomiso era la construcción de una clínica para albergar la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEA), pero la empresa minera ha retrasado su edificación, a pesar de que en los reportes oficiales la cifra de personas con daños en la salud va en incremento, han denunciado los comités de Cuenca del Río Sonora. El mes pasado el titular de la UVEA, Lázaro Eduardo Ávila, que opera provisionalmente en una vivienda en el poblado de Ures, dio a conocer al diario La Jornada que 381 habitantes presentaban desechos tóxicos en sangre y orina.
El fondo creado en 2014 contemplaba pagos por las afectaciones materiales causadas a las personas como consecuencias del desastre ambiental. Los comités de cuenca han señalado que el Comité Técnico del Fideicomiso no realizó ningún análisis para definir el reparto de los 2.000 millones de pesos destinados a la compensación de daños económicos causados por el derrame, lo que provocó que las indemnizaciones fueran ínfimas comparadas con el nivel de las afectaciones. «El pago de hizo por igual sin tomar en cuenta el valor de los cultivos. Hay casos donde las siembras son más costosas por los insumos que se requieren, y hay otros cultivos que requieren menos dinero, eso es lo que hemos cuestionado», explica Francisca.
La sanción que impuso el Gobierno federal a Grupo México ha sido calificada como irrisoria por los afectados. En marzo de 2015, la Fiscalía ambiental (Profepa) multó a la compañía con 23,5 millones de pesos (1,3 millones de dólares), el equivalente al 0,22% del flujo operativo que la empresa tuvo en el tercer trimestre de ese año. El consorcio es uno de los principales productores de cobre a nivel internacional y tiene presencia en México, Perú y Estados Unidos. Su dueño es Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México.
Información de El País
https://elpais.com/internacional/2017/08/03/mexico/1501712046_113059.html
