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Por considerarla como parte de la continuidad de una política de violencia, control social y violatoria de los derechos civiles, representantes de derechos humanos, académicos y de organizaciones sociales, coincidieron en la importancia de revisar y debatir de manera pública la Ley de Seguridad Interior, y en un momento dado, revertirla.
Este día durante el foro Ley de seguridad interior y democracia, realizado en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alertó que esta ley da continuidad a la política de legalizar la militarización, así como un riesgo de tecnificar la seguridad.
Jan Jarab propuso un debate público para analizar esta ley con la participación de intelectuales, especialistas en seguridad, derechos humanos y evaluar el por qué a diez años de implementarse la guerra contra el narcotráfico, ésta no funcionó.
Ante este contexto reconoció el trabajo de la UAEM en el ámbito de los derechos humanos, el cual calificó como un ejemplo para otras universidades no sólo para estudiarlos sino para desarrollar conciencia social y brindar apoyo a las víctimas como un rol que debe crecer en los años venideros.
Dicho foro, fue organizado por el Programa de Estudios de la Complejidad y la Formación de Ciudadanía de la UAEM, cuyo titular, Roberto Ochoa Gavaldón, explicó que el securitarismo en México es el endurecimiento del derecho penal, “es la militarización de la vida cotidiana por encima de los derechos civiles y la conviviencialidad”.
Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado y defensor de derechos humanos, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Guerrero, explicó que ante el control social que no castiga el delito en sí mismo, sino el imaginario entorno al delito, es necesario promover un movimiento ciudadano con paz que esté por encima de la seguridad nacional, agregó que si las víctimas de la violencia y familiares de desaparecidos se unieran podrían subvertir la cultura del control y securitarismo que traerá Ley de Seguridad Interior.
Javier Sicilia Zardaín, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, señaló que con esta ley se quiere dar legalidad al estado de excepción con el que no puede existir un proceso democrático sin encontrar la paz, la justicia y la reconciliación social
