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El poder corruptor del crimen organizado en México ha permeado diversas esferas de la política, administración pública, incluso de la sociedad civil que, en la última década, junto con organismos de derechos humanos, son utilizados como el primer escudo contra las Fuerzas Armadas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Puebla, Jalisco, Michoacán y Durango.
De acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad del gobierno federal, del 11 de febrero de 2009 al 12 de junio de 2018 se han realizado en México 78 marchas y bloqueos financiados por las organizaciones delictivas predominantes en la zona.
Investigaciones que se llevan en proceso por algunas fiscalías estatales y la Procuraduría General de la República revelan que los pagos a los habitantes que protestan contra las fuerzas federales oscilan entre los mil y cinco mil pesos, dependiendo del estado y la organización criminal.
Organizaciones criminales como Los Zetas, Golfo, Familia Michoacana, Templarios, Pacífico y recientemente Jalisco Nueva Generación, encontraron en algunos funcionarios de organismos de derechos humanos las asesorías correspondientes para evitar las acciones de los elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Defensa Nacional (Sedena), Procuraduría General de la República (PGR) y Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a través de familiares de supuestas víctimas de desaparición forzada por parte de fuerzas federales.
Existen diversas averiguaciones previas, como la AP/PGR/SEIDO/VEITA/073/2015, presentada en Grupo Imagen, donde el líder de la organización criminal denominada Los Zetas, Ramiro Pérez Moreno, alias El Ramas, 7-4, o El Rama, señala directamente al presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, de recibir semanalmente cinco mil dólares para que promueva denuncias y manifestaciones en contra de la Marina y de otras fuerzas federales en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las movilizaciones no son recientes. De acuerdo con un recuento periodístico, las primeras movilizaciones y bloqueos financiados por Los Zetas se dieron el 9 de febrero de 2009 cuando decenas de jóvenes encapuchados que se comunicaban vía radio, bloquearon importantes carreteras en Monterrey, Nuevo León, en una serie de acciones altamente coordinadas, paralizando la ciudad de 1.1 millones de habitantes.
Mujeres y niños siempre estuvieron al frente de las movilizaciones y bloqueos para evitar el accionar de los elementos del Ejército y Policía Federal que se desplegaron en el estado para combatir al crimen organizado.
Juan Antonio Beltrán Cruz, apodado Ñejo o Neco, jefe de Los Zetas en la plaza de Monterrey, fue detenido con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas ilegales y 71 mochilas con útiles escolares en su camioneta.
Beltrán Cruz iba supuestamente a vecindarios pobres a fin de “invitar” a padres y jóvenes para que participaran en las protestas. En otros casos pagaba de 200 a mil pesos, siendo el pago máximo para las mujeres que llevaran a sus hijos de brazos con ellas en las manifestaciones o bloqueos.
El 19 de febrero de ese año, el entonces presidente Felipe Calderón durante su discurso conmemorando el Día del Ejército Mexicano en la base de la 7ª Zona Militar en Monterrey, calificó de “cobardes” a los cárteles de la droga por pagar a mujeres, niños y personas mayores para que se manifestaran, y declaró que el Ejército no volvería a sus cuarteles hasta que la policía civil tuviera la capacidad de continuar la lucha.
Tras los constantes operativos que realizó la Semar en Sinaloa y Durango en búsqueda de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, el 21 de febrero de 2014, 500 habitantes de los municipios de Tamazula, Durango, y Badiraguato, Salvador Alvarado y Cosalá, en Sinaloa, protestaron por las acciones de los elementos navales en la explanada del Palacio de Gobierno del estado, en Culiacán. Un día después fue detenido El Chapo en Mazatlán.
El 27 de febrero de 2014, con el pago de 500 pesos por persona, tamales, agua y estacionamiento gratis, el Cártel del Pacífico convocó a una marcha en Culiacán, Sinaloa, para ensalzar la imagen de El Chapo tras su captura el 22 de febrero de 2014.
La condición fue vestir de blanco, llevar cartulinas con diversos mensajes alusivos a la paz y resaltar al líder del Cártel del Pacífico.
En septiembre de 2014, en Xalapa, Veracruz, unas 200 personas exigieron la salida de integrantes del Ejército y de la Marina, por los constantes operativos en el puerto.
Para en 12 de diciembre, una marcha denominada Por la Paz en el municipio de Apatzingán, Michoacán, congregó a cientos de habitantes de diversas comunidades para manifestar su apoyo a Nazario Moreno, líder de la entonces organización criminal La Familia Michoacana, tras supuestamente haber sido abatido en un enfrentamiento con elementos de la Policía Federal.
La última movilización en contra de las Fuerzas Armadas se registró el pasado 6 de junio en Ciudad Guzmán, con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), bajo el mando de Guadalupe Rodríguez Cruz, alias El 15, jefe de plaza de la organización criminal en Zapotlán el Grande, Jalisco.
Sin embargo, este estado tiene el récord de bloqueos a vialidades que rebasan las 59 acciones financiadas por el CJNG. 29 bloqueos se llevaron a cabo el 1 de mayo de 2015, cuando elementos del Ejército trataron de detener a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del CJNG.
Para el 13 de junio de 2018, jóvenes, mujeres y niños iniciaron bloqueos en las importantes arterias de Guadalajara y los municipios conurbados. De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado, se registraron 30 denominados narcobloqueos.
En Reynosa, Tamaulipas, se tiene el registro de dos bloqueos en mayo y junio del año en curso pagados por el Cártel del Noreste para evitar las acciones de las Fuerzas Armadas.
Información de Excélsior
http://www.excelsior.com.mx/nacional/organizaciones-criminales-pagan-marchas-contra-militares/1245372
