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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó, mediante investigaciones
y pruebas periciales exhaustivas, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución
del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca, donde se formó un socavón en que
perecieron dos personas, por lo cual entregará los resultados de sus investigaciones a la
Procuraduría General de la República (PGR) para que considere las evidencias recabadas y
el análisis integral en la carpeta de investigación que integra.
Para la CNDH, la negligencia y posible corrupción durante la construcción del libramiento Paso
Exprés de la autopista México Cuernavaca, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos (BANOBRAS), fueron el origen de la mencionada oquedad que costó la
vida a dos personas –padre e hijo— que viajaban por la carretera el 12 de julio de 2017 y cuyo
vehículo cayó en ella, y a dos personas más en diferentes situaciones.
Además, con motivo de dichas irregularidades y por la relación entre autoridad y empresas en
un posible esquema de manipulación y fragmentación de contratos, solicitará a la Secretaría
de la Función Pública investigue el caso de manera integral y no dispersa, basada en todos
los componentes que provocaron la falla, tanto de las empresas como de las personas
servidoras públicas involucradas, ya que, salvo 9 servidores públicos sancionados en materia
administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de
rendición de cuentas.
Al respecto, esta Comisión Nacional considera que imponer sanciones ejemplares es un
disuasivo para que casos como el socavón no vuelvan a presentarse. De otra manera, el riesgo
de su repetición seguirá latente
Por lo anterior, la CNDH emitió la Recomendación 34/2018, dirigida a Gerardo Ruiz Esparza,
Secretario de Comunicaciones y Transportes; Alfredo Vara Alonso y Roberto Ramírez de la
Parra, Directores Generales del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)
y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), respectivamente; a Cuauhtémoc Blanco
Bravo, Gobernador del Estado de Morelos y a los integrantes del Ayuntamiento de
Cuernavaca.
Al presentar la Recomendación 34/2018, el Segundo Visitador General, Enrique Guadarrama
López, señaló que en su investigación de oficio sobre la transgresión al derecho humano a la
vida de las víctimas y el acceso a la información a sus familiares, la CNDH acreditó falta de
planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un
posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción, por la SCT y
BANOBRAS, pues la vialidad no contaba con los estudios ni permisos necesarios en materia
medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no 8 como originalmente
se había previsto.
Además, no contempló todos los cruces de agua y drenaje que podían afectarla; muchos
permisos fueron solicitados una vez adjudicada la licitación, durante la ejecución de los
trabajos o no fueron tramitados; y pese a la advertencia de las constructoras y la Comisión
Estatal del Agua, la SCT no reparó el desbordamiento de la tubería del drenaje que cruza el
kilómetro 93+857 del socavón, lo que influyó en el hundimiento de la vialidad.
También encontró responsable a la CONAGUA al no informar a la SCT de todos los puntos de
afectación hidráulica por la obra del Paso Exprés, en particular donde se abrió el socavón, y
por no realizar visitas de verificación y aplicar sanciones a los responsables de la ejecución de
la obra sin los permisos respectivos.
Dijo que el Ayuntamiento de Cuernavaca omitió dar mantenimiento al drenaje; dejó acumular
la basura en el alcantarillado del drenaje que cruza el socavón y fue rebasada su capacidad
de respuesta durante el hundimiento. En tanto, el Gobierno del Estado de Morelos, a través de
Protección Civil, omitió asumir el mando ante el accidente de las dos personas que perdieron
la vida y por no generar condiciones de seguridad que impidieran los accidentes de dos
personas más.
Respecto del posible esquema de corrupción de BANOBRAS y la SCT, la CNDH observó
irregularidades en la ejecución de la obra, en el proceso de licitación y la contratación con las
empresas, que generaron alza de 67.94% en el costo previsto de 1,134 millones 215,941.01
pesos y aumento de 7 meses en el tiempo de ejecución, sin la autorización de la Función
Pública. Precisó que la construcción de esa vialidad también causó la muerte de dos personas
más, una de las cuales perdió la vida al circular en motocicleta y ser golpeada por un cable de
luz de alta tensión suelto, y la otra cayó de un paso peatonal sin barandal ni señalamiento de
peligro alguno.
Por lo anterior, la CNDH recomienda al titular de la SCT que en coordinación con BANOBRAS,
CONAGUA, el Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca reparen el
daño a las víctimas directas e indirectas de las cuatro personas que perdieron la vida, que
incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; se ofrezca disculpa
pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos
cometidas en su agravio y se publique en su página web oficial por un periodo de un año.
Generar mecanismos legales que obliguen contractualmente a las empresas respetar
derechos humanos en todos los contratos públicos que se celebren; se colabore con la
denuncia y queja que la CNDH presente ante autoridades correspondientes, para deslindar
responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos e involucrados
responsables de los hechos; capacitar al personal sobre los “Principios rectores sobre las
empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas”; continuar la atención directa a los
vecinos de las zonas afectadas y garantizar la seguridad de los habitantes y usuarios de la
zona; que los servidores públicos se abstengan de hacer declaraciones públicas sobre la
legalidad de su actuación antes de contar con los resultados de una investigación sin demérito
al derecho a la información.
Al Director General de BANOBRAS se le pide generar mecanismos para obligar a las empresas
a respetar los derechos humanos en todos los contratos e incorporar sanciones en caso de
incumplimiento; adecuar normas para que, a partir de 2019, la operación y otorgamiento de
financiamiento a empresas privadas se ajusten a las sanas prácticas y usos bancarios para
que acrediten la factibilidad en derechos humanos; capacitar a su personal sobre los
“Principios rectores sobres las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas” y
de la aplicabilidad de las “Normas de desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de
la Corporación Financiera Internacional” del Banco Mundial.
El Director General de la CONAGUA, en coordinación con el Gobierno de Morelos y el
Ayuntamiento de Cuernavaca, deberá identificar los puntos de riesgo hidráulico en el Paso
Exprés, para establecer medidas preventivas inmediatas y permanentes, estableciendo un
registro específico.
El Gobernador del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca deberán realizar
mesas de trabajo con autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) para
implementar mecanismos de coordinación que permitan reacción inmediata ante fenómenos
perturbadores; verificar, actualizar y mejorar el equipamiento y capacitación de las
corporaciones de Protección Civil a nivel estatal y municipal; atender, programar y realizar
gestiones para identificar y atender posibles riesgos para la población civil; y tener presupuesto
para optimizar la capacidad de respuesta de los cuerpos de Protección Civil.
Esta Recomendación también fue entregada al Congreso para que considere posibles
modificaciones normativas planteadas en el documento, así como a la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para la formulación de políticas públicas
en materia de empresas y derechos humanos.
La Recomendación 34/2018, que ya fue debidamente notificada a sus destinatarios, puede
consultarse en la página www.cndh.org.mx
