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La cosa juzgada es un mandato del Estado Mexicano para asegurar la sana y eficaz administración de justicia, señaló la juez Laura Galván, adscrita al Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia del primer distrito judicial, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La juzgadora del TSJ, explicó la Cosa Juzgada como término jurisdiccional, “es el estado de una sentencia que pone fin a un procedimiento que no admite prueba alguna y tampoco puede ser impugnada por recurso ordinario o extraordinario”.
Es el estado máximo al que llega un procedimiento en el cual los justiciables acuden ante las autoridades jurisdiccionales para resolver una controversia jurídica. La regla general es que debe haber una sentencia. Sin embargo, existen excepciones, por ejemplo, en materia de alimentos, en los estados de interdicción de personas, suspensión o pérdida de la patria potestad, procedimientos no contenciosos y, además, en aquellos procedimientos previos a un juicio definitivo, por ejemplo los interdictos o procedimientos sobre medidas provisionales o precautorias, detalló Laura Galván.
La legislación adjetiva o procesal, en materia civil o familiar, prevé aquel procedimiento por el cual se pueda tramitar, también, la modificación de Cosa Juzgada es decir, cuando se dé un cambio de circunstancias que afecten el ejercicio de la acción originalmente planteada; de enero a septiembre el TSJ ha tramitado 245 modificaciones de cosa juzgada.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), ha previsto a la Cosa Juzgada como un principio del derecho de la seguridad jurídica que se da en todo procedimiento, es la aportación del Juez a la paz y certeza legal”, afirmó la impartidora de justicia.
Finalmente, la titular del juzgado décimo, invitó a los justiciables a confiar en los órganos impartidores de justicia, ya que todo se hace conforme a la constitución, por lo tanto, siempre se resuelve con forme a derecho